• Hay problemas en materia operativa, ambiental y seguridad en el trabajo.
  
• Irregularidades actuales fueron advertidas desde noviembre de 2017.
  
• Promoambiental con más área concesionada y con más inconsistencias.

La Personería de Bogotá determinó que cuatro meses después de iniciado el nuevo esquema de recolección de basuras en la ciudad, aún se presentan graves deficiencias en la prestación del servicio, especialmente al oriente de la ciudad.

El Ministerio Público Distrital recibió en los últimos días, 190 peticiones de los capitalinos, la mayoría de las localidades de Santa Fe y San Cristóbal, que denuncian recolección de residuos en volquetas, transporte de basuras aprovechables afectando a los recicladores, ausencia de rutas y frecuencias de recolección, ausencia de elementos de protección personal de los trabajadores que manejan los desechos e ineficiente prestación de los puntos críticos con residuos mixtos.

Se encontró que Promoambiental, pese a que tiene la mayor área concesionada (Usaquén a Sumapaz), cuenta con 960 trabajadores y 77 vehículos; mientras que Lime con una extensión 50% menor, tiene 1.700 operarios y un máximo de 107 automotores. Para la Personería la ausencia de la exigencia de una propuesta técnica a los oferentes, durante la licitación, generó este tipo de inconvenientes, pese las advertencias del ente de control.

Tampoco oportunamente fue verificado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) el plan operativo de los concesionarios, por dos razones. La primera, solo debía ser presentado quince días antes del inicio de operaciones. La segunda, la interventoría fue adjudicada a escasos cuatro días de la nueva prestación del servicio.

Se encontró que ninguno de los operadores tiene a la fecha convenio o acuerdo con alguna de las organizaciones de recicladores, únicamente uno de los cinco prestadores está realizando gestiones para tal fin.

Más incumplimientos

Durante las visitas a las bases de operaciones de los nuevos concesionarios, la Personería encontró una serie de incumplimientos a sus obligaciones. En materia ambiental, no cuentan con permiso y registro de vertimientos vigente, no tienen registro de recolección de aceite primario, ni de residuos peligrosos, entre otros. Algunos de estos trámites debían realizarse antes o al inició de sus operaciones, pues son exigencias legales ambientales que no dependen de los plazos establecidas en el contrato.

El reglamento técnico precisa que todos los vehículos destinados a la recolección de residuos ordinarios debían contar con certificado de emisiones de opacidad, información que no tienen 2 de los 5 operadores.

Además, en todas las bases de operaciones se encontraron residuos en los automotores parqueados, en contravía del reglamento técnico operativo. No hay vestidores para el personal operativo, es inadecuada la señalización de las áreas de trabajo, falta de socialización del programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entre otros.

• Se puede generar un riesgo financiero al hacer dos licitaciones, una para el suministro de buses y otra para la operación. Personería recomendó un solo proceso contractual. 

• Sillas perimetrales aumentan el peso en el bus, daño a los vehículos, consumo de combustible y podrían generar riesgo de accidentes a los pasajeros.
• No se conoce una hoja de ruta para salida de flota actual y entrada en operación de los nuevos buses, para evitar un colapso como el del nuevo esquema de aseo.
• Infraestructura de patios y estaciones no está adecuada para biarticulados.

La Personería de Bogotá realizó más de 50 preguntas a la Administración Distrital frente a los proyectos de pliegos de las licitaciones para el suministro de buses y operación de las Fases I y II de Transmilenio.

Los interrogantes tienen que ver con el tema de sostenibilidad financiera, tecnología de los motores, infraestructura para el suministro de combustible, disposición de sillas perimetrales, estado de los patios del sistema, empalme de los operadores, adecuación de estaciones para los biarticulados y procesos de contratación independientes de suministro de buses y su operación.

La primera pregunta es precisamente ¿Por qué se dividió en dos el proceso, uno para el suministro de los buses y otro para la operación y mantenimiento de los vehículos? En los prepliegos no se encontraron especificaciones técnicas de los buses, lo que podría generar el suministro de automotores con unas condiciones técnicas inferiores a las requeridas por el operador, ocasionando mayores costos de mantenimiento y diferencias entre el contratista de suministro y el de operación, pudiendo causar perjuicio al sistema y al por ende al usuario. No queda clara la responsabilidad ante un riesgo financiero. Por eso, la Personería recomendó iniciar un proceso contractual que incluya el suministro, operación y mantenimiento de la flota.

Sillas perimetrales
El anuncio de disponer las sillas en forma perimetral (similar a algunos metros), genera más interrogantes: contrario al metro, en los buses la aceleración no es constante y menos el frenado, lo que podría generar accidentes, especialmente por factores externos como intersecciones viales, invasión de carril, paso de peatones, entre otros. El riesgo para los usuarios se incrementa en comparación con la disposición actual de las sillas.

También se presentaría un aumento de peso en el bus, teniendo en cuenta que se genera un pasillo más grande en el que caben más usuarios, lo que ocasionaría un desgaste acelerado del vehículo, especialmente de la suspensión, elevando los costos de mantenimiento y por ende la tarifa al usuario. Afectarían la malla vial de las troncales (que no se encuentra en óptimas condiciones) lo que representaría mayores costos al Distrito para el mantenimiento de los corredores. Movilizar un mayor peso requiere de más potencia y por consiguiente aumenta el consumo de combustible, lo que cierta manera contradice el “incentivo ambiental”, que promulga la Administración.

A la fecha no se tiene conocimiento si la Entidad ya realizó el trámite de homologación ante el Ministerio de Transporte, a fin de que los biarticulados dispongan de sillas perimetrales ¿ni el momento en el cuál se modificaría el manual de operaciones de Transmilenio? y ¿ni tampoco cuánto tardarían dichos procesos?

Patios del sistema
No resulta claro quién es el responsable de las adecuaciones de los patios existentes y la concordancia de éstos con el POT. Así como de los trámites urbanísticos que se requieren para la realización de las obras. Además, al parecer el espacio sería insuficiente para la nueva flota, conformada en su mayoría por biarticulados.

Proceso de empalme
No es posible evidenciar cómo se realizará el empalme de los nuevos operadores con los actuales. La Personería recomienda desarrollar una hoja de ruta para determinar la forma en la cual se dará la transición de la renovación de la flota, a fin de evitar el colapso del sistema, tal y como sucedió cuando se implementó el nuevo esquema de aseo en la ciudad.

Estaciones para biarticulados
La mayor parte de las 138 estaciones del sistema no cuentan con adecuaciones necesarias para los buses biarticulados, hecho importante teniendo en cuenta que el 70% de la nueva flota sería de ésta tipología. Así las cosas, no se tiene certeza del costo total de dichas adecuaciones ni del cronograma de los trabajos necesarios.

Sostenibilidad financiera
La Personería indagó acerca de ¿por qué no se encuentra un valor base para definir la remuneración del operador? Esta situación puede generar incertidumbre con los rangos de oferta económica. No hay claridad en relación a cuántos pasajeros puede llegar a movilizar durante el contrato ni cuántos kilómetros recorrerá en ese plazo. Indica el informe, que la posible puesta en funcionamiento de la primera línea del metro en 2024 y de la Troncal de la Carrera 7, puede absorber gran parte de la demanda de las troncales de la Caracas y Américas, lo que podría afectar la sostenibilidad financiera del sistema, ocasionando un alza de tarifas para el usuario.

Tecnología del motor
La tecnología del motor a utilizar representará un costo de inversión diferencial para cada tipo de bus, el diésel (Euro V) es el más económico, el de gas le sigue en precio y el eléctrico es el más caro, siendo que las propuestas de tecnologías limpias tendrían mayor puntaje dentro del proceso de selección. Sin embargo, no se tiene claridad respecto a la cantidad de biarticulados con tecnologías limpias que actualmente operan a nivel mundial, y por ende, el desempeño de dichos buses en una operación de gran magnitud como la de Transmilenio, sumado al hecho de la altura de Bogotá, que aparentemente juega un papel desfavorable en el rendimiento de dichos tipos de motores.

Infraestructura para el combustible
La infraestructura existente en los patios está enfocada en el suministro de diésel, pero si hay cambio de tecnología del motor, no resulta claro el costo de la infraestructura necesaria para dicho suministro, (gas natural y electricidad), así como tampoco quién sería el encargado de realizar dichas intervenciones, ni la forma en la cual esta inversión económica se vería reflejada en la tarifa al usuario. De acuerdo con los prepliegos, no necesariamente toda la nueva flota tendría el mismo tipo de tecnología del motor, además, del hecho de que no se está renovando la total de la flota actual del sistema, lo cual daría como resultado un sistema con variedad de combustibles, los cuales demandan una infraestructura especial para cada tipo.

• El 85% de las víctimas de delitos sexuales fueron mujeres. 12,57% de feminicidios del país ocurrieron en Bogotá.
  
• No hay rutas claras de atención y muchos mecanismos creados para proteger a las mujeres, especialmente víctimas, son insuficientes y su funcionamiento no es completo.

La Personería de Bogotá determinó que no hay una implementación clara y actualización de la política pública para proteger los derechos de la mujer ni equidad de género en la ciudad y los mecanismos existentes tampoco se activan o funcionan adecuadamente.

En Colombia, entre 2014 y 2016, se registraron 2.211 feminicidios, de los cuales el 12,57% (278) ocurrieron en Bogotá. En el Distrito, en esos años, por violencia intrafamiliar se presentaron 31.063 casos. En violencia sexual se registran unos 3.000 delitos por año, el 85% de las víctimas son mujeres, siendo las niñas de 0 y 17 años las de mayor riesgo.

Pese a este panorama las mesas de trabajo interinstitucional realizadas por el Ministerio Público Distrital para conocer y analizar las rutas de atención para las mujeres víctimas de violencias evidenciaron el desconocimiento de la oferta institucional. Tampoco existe claridad sobre los espacios intersectoriales de coordinación y articulación de los diferentes actores del tema de violencia contra las mujeres.

Todo a medias
Las directivas de entidades que son parte del Sistema Distrital de Protección para Mujeres Víctimas de Violencia (SOFIA) no acuden y delegan en funcionarios sin poder decisorio. Se debe realizar la difusión de rutas de atención de violencia contra las mujeres, a través de la instalación del botón de enlace en las páginas web de las entidades, sin embargo, se comprobó de 74 entidades sólo 29 lo incluyeron en sus sitios web. Además, no se trata de rutas sino de portafolios de servicios.

Las Comisarías de Familia que funcionan en horario nocturno y los fines de semana no cuentan con los equipos interdisciplinarios completos, además, por la falta de personal y recursos logísticos no realizan el seguimiento oportuno y eficaz a las medidas de protección.

Las mujeres alojadas en las Casas Refugio, una vez terminan el proceso de acogida al no contar, en su mayoría, con redes de apoyo social o familiar, no se les puede hacer seguimiento al sistema de vulnerabilidad. La atención prestada por las profesionales se realiza sin enfoque diferencial y de género, y no se aplica ningún instrumento que permita a las profesionales valorar el riesgo de las mujeres víctimas del conflicto armado.

En el Consejo Distrital de Política Social, durante los años 2016 y 2017, no se trató el tema de violencia contra las mujeres ni se rindió informes sobre el Plan de Igualdad y Oportunidad para la Equidad de Género (PIOEG) en ninguna de las sesiones convocadas.

No hay una ruta clara de empleabilidad y emprendimiento que garanticen el acceso real a oportunidades laborales para las mujeres víctimas de violencia.
El Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación para disminuir la violencia contra las mujeres menores de 18 años no opera adecuadamente. No hay medidas de la Secretaría para lograr que los docentes alimenten oportunamente el sistema.

Los Consejos Locales de Seguridad de Mujeres no se reunieron las cuatro veces al año que establece la norma, durante el 2016. Se presentaron dificultades para registrar el estado del presupuesto sensible al género en cada una de las 20 localidades, por falta de un instrumento que permita recolectar y evidenciar dicha información. Los registros muestran que los avances no son suficientes en los derechos fundamentales.

Vida y violencia
Entre 2014 y 2016, hubo 278 homicidios de mujeres en Bogotá, que representa el 12,57% de los ocurridos en el país. El 85% de las víctimas de violencia sexual son mujeres.
La paz y la convivencia 
Hasta el primer trimestre de 2018, el Registro Único de Víctimas identificó en el Distrito 351.870 personas afectadas por el conflicto armado, de ellas, 179.315 mujeres.
Salud
En 2014, el 94,7% de las mujeres se encontraban afiliadas al sistema de salud. El 74,1% de las afiliadas están adscritas al régimen contributivo, el 23,1% al régimen subsidiado. Sin embargo, el acceso a los servicios de salud se encuentra muy limitado. El 58% de la población femenina mayor de 40 años no se había practicado una mamografía, y el 82% de las mujeres mayores de 15 años no se habían practicado exámenes de detección de VIH.
Trabajo
Las localidades en las que las mujeres participan en menor medida en el mercado laboral son Puente Aranda con 50,6% y Kennedy con 52,3%, y donde más participan es en Chapinero 59,8% y Suba 58,56%. Para el 2017, la participación de las mujeres en el campo laboral es del 54,4%, en comparación con el 74,6% que registra el DANE para los hombres.
Hábitat y vivienda digna
En el 2014, de 2.437.996 hogares, el 38,1% tiene jefatura femenina. De estos hogares el 42,4% tiene una vivienda propia pagada, el 6,9% aún la están pagando y el 45,2% en arriendo, subarriendo o leasing. Además, el 70,7% de los hogares con jefatura femenina se encuentran en lugares considerados inseguros como Rafael Uribe Uribe y Usme.
Cultura y comunicación
La encuesta Bienal de Culturas 2015 indica que el 41,5% de las mujeres no tienen acceso a internet en sus hogares, el 64,7% no tiene acceso a internet en su lugar de trabajo o estudio, el 81% no tiene habilidades de hablar, leer o escribir bien otro idioma diferente al español.
Educación 
En los títulos de educación superior se mantienen los roles de género, predominando las mujeres en las áreas de ciencias de la salud (76% de los títulos otorgados), ciencias de la educación (70%), economía, administración, contaduría y afines (61%). 
Participación y representación
La cuota de género en corporaciones públicas no cumple lo establecido en la ley, pese a que el porcentaje del 41,2% para la Cámara de Representantes en 2015-2018 ha sido el más alto. En el Concejo de Bogotá de 45 escaños, se eligen entre 8 a 10 concejalas, de 20 localidades sólo seis son alcaldesas y de las JAL el 22% son mujeres.

• Hay vigilancia, pero no medidas por irregularidades en su funcionamiento.
  
• Secretaría de Integración Social dice que no tiene competencia para sellarlos.
  
• Ministerio Público Distrital solicitó al ICBF y Ministerio de Educación reglamentar el tema, para evitar posibles ambigüedades de las normas.

La Personería de Bogotá encontró que no se conoce sanción contra algunos de los 1.037 jardines infantiles privados registrados en la ciudad, por incumplir con su labor de atención, fallas en la infraestructura y su operación.

Según el Acuerdo 138 de 2004, el Departamento Administrativo de Bienestar Social, hoy Secretaría de Integración Social, es la entidad encargada de expedir y revocar las licencias de funcionamiento y controlar la adecuada operación de los jardines infantiles de la Capital.

Por su parte, la Secretaría dice que realiza sólo el registro a los jardines infantiles privados que cumplen con los requisitos para la atención de los niños y niñas de cero a cinco años. Además, hace vigilancia, control, seguimiento y pide el acatamiento de los estándares establecidos por las normas, pero que no tiene competencia para sellar o aplicar ningún tipo de sanción.

Si bien Integración Social visitó 855 jardines en 2017, encontrando irregularidades en varios de ellos, a la fecha no hay evidencia de revocatorias de la licencias de funcionamiento.

En el último año, la Personería de Bogotá recibió varias quejas sobre el funcionamiento de jardines infantiles privados en el Distrito Capital, razón por la cual ha encendido las alarmas en esta materia, convocando mesas de trabajo interinstitucionales y consultas con entidades del orden nacional para encontrar soluciones concretas.

También en el Ministerio Púbico Distrital evidenció que en la ciudad existen “salas de cuidadores” para niños y niñas, pero sobre las cuales no hay ninguna regulación legal.

¿Falta de reglamentación?

Desde marzo del presente año, la Personería viene solicitando a la Secretaría de Integración Social sobre su gestión en torno a la problemática, pero se ha limitado a manifestar que para poder tomar medidas falta una reglamentación en relación con estos establecimientos, por parte del Ministerio de Educación, toda vez que la normatividad no es clara y existen vacíos legales. Explica que, así revocara la licencia o el registro del jardín, no existe norma que les permita sellar el establecimiento, de manera que pueden seguir funcionando.

Al preguntar al Ministerio de Educación sobre el tema, informó que está tramitando el acto administrativo que reglamentará el seguimiento y control a los jardines infantiles privados. Mientras tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) indicó que la competencia de la vigilancia y control de los jardines es de la Secretaria de Integración Social y que se encuentra estudiando una regulación para poner control a “salas de cuidadores”.

• Hubo 214 acuerdos, donde se incluyen 45 uniones maritales de hecho durante la jornada y 49 desistimientos por arreglos previos.
• En las 142 conciliaciones que no se llegó a ningún tipo de acuerdo, los ciudadanos agotaron el requisito de procedibilidad, paso indispensable para presentar las acciones judiciales que consideren.

La Personería de Bogotá, en la tercera Jornada Nacional de Conciliatón, realizó 645 audiencias que permitieron celebrar 214 acuerdos, incluidos 45 uniones maritales de hecho, 49 desistimientos por arreglos previos y 4 conciliaciones parciales, simplificando engorrosos y costosos procesos judiciales.

Durante la jornada celebrada del 24 al 26 de abril, se gestionó el arreglo de los conflictos en derecho y equidad a personas, en su mayoría, de escasos recursos.

La mayoría de conflictos cotidianos, resueltos de forma gratuita, se relacionan con cuotas alimentarias, responsabilidad extra-contractual, accidentes de tránsito sin lesiones personales, préstamos o deudas no canceladas por concepto de ventas u pago de facturas, cuota de administración en propiedad horizontal, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, conflictos de convivencia, custodia de hijos y regulación de visitas, entre otras. Así mismo se realizaron las uniones maritales de hecho.

También se presentaron 142 no acuerdos, 278 inasistencias de una o las dos partes en conflicto, se suspendieron 9 audiencias y no se admitieron 2 solicitudes por no cumplir los requisitos.

En los casos que no hubo acuerdo, el Ministerio Público Distrital les entregará un documento que certifica que agotaron el requisito de procedibilidad, es decir, ya cumplieron la etapa de conciliación y pueden presentar las acciones judiciales que consideran.

Las audiencias se llevaron a cabo en la sede central (carrera 7 No. 21-24), Supercades de la carrera 30, Américas y 20 de Julio, casas de justicia de Ciudad Bolívar, Usme y Mártires y SAU (Salas de Atención al Usuario de la Fiscalía) de Suba

El objetivo es continuar posicionando la conciliación como un método alternativo de solución de problemas y una forma de acceso a la justicia de manera legítima y confiable, que contribuye a la reconciliación y la paz.

• Gracias a los avances, se pretende fortalecer la cooperación para promover la garantía de derechos de niños y niñas víctimas que habitan en Bogotá.
• Entre enero de 2017 y marzo de 2018, la Personería recibió el 86% de declaraciones de víctimas, que corresponden a 17.884 personas, de ellas el 35% son niños.
• Con el “Taller de la Alegría” del Ministerio Público Distrital se benefició a más de 600 niños víctimas a través de actividades de reconciliación.
• Personera ratifica su compromiso con la niñez víctima de la guerra, a través de alianzas estratégicas con entidades del orden distrital, nacional e internacional.

La Personería de Bogotá y el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ampliaron por un año el acuerdo de entendimiento para continuar cooperando en la misión de visibilizar y garantizar los derechos de la niñez sobrevivientes del conflicto armado que residen en el Distrito, a través del cual se benefició a 623 niños, niñas y adolescentes en los últimos 9 meses.

El ente de control de la Capital, de enero de 2017 a marzo de 2018 recibió 6.762 declaraciones de víctimas del conflicto armado, donde se relacionaron 17.884 personas, de las cuales 6.165 corresponden a niños y niñas. Se identificaron que 220 presentan alguna condición de discapacidad y 1.145 pertenecen a etnias afrocolombianas e indígenas. Además, el 60% de esta población infantil fue reconocida como víctima de desplazamiento forzado y el 43.9% por el hecho victimizante de amenaza.

Como parte de las medidas en pro de esta población, el Ministerio Público Distrital, a través de su Delegada de Víctimas, implementó la estrategia “Taller de la Alegría”, en la que los niños y niñas participan en actividades lúdicas encaminadas a promover sus derechos, afianzar los vínculos familiares, las pautas de crianza, el apoyo psicosocial, la sanación de realidades vividas y la equidad de género. El programa también aporta al fortalecimiento de capacidades para resignificar el concepto de niñez sobreviviente del conflicto, entre de funcionarios y particulares que interactúan con la infancia.

La ratificación del acuerdo con la Unicef se logró gracias a los adelantos obtenidos en el último año en favor de la promoción, protección, reconocimiento y materialización de los derechos de esa población de especial protección constitucional, a través de la transferencia de conocimientos, la articulación interinstitucional y las alianzas estratégicas, donde se consoliden escenarios idóneos para la reconciliación.

Al respecto, la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar dijo que “seguimos trabajando arduamente para que desde la resiliencia, se visibilice y dignifique la identidad de la infancia que sufrió el flagelo de la guerra, articulando esfuerzos con otros organismos para avanzar progresivamente en la consecución de nuestro objetivo propuesto, traducido como un gesto de voluntad de paz y dignificación para nuestra sociedad civil”.