• Hay vigilancia, pero no medidas por irregularidades en su funcionamiento.
  
• Secretaría de Integración Social dice que no tiene competencia para sellarlos.
  
• Ministerio Público Distrital solicitó al ICBF y Ministerio de Educación reglamentar el tema, para evitar posibles ambigüedades de las normas.

La Personería de Bogotá encontró que no se conoce sanción contra algunos de los 1.037 jardines infantiles privados registrados en la ciudad, por incumplir con su labor de atención, fallas en la infraestructura y su operación.

Según el Acuerdo 138 de 2004, el Departamento Administrativo de Bienestar Social, hoy Secretaría de Integración Social, es la entidad encargada de expedir y revocar las licencias de funcionamiento y controlar la adecuada operación de los jardines infantiles de la Capital.

Por su parte, la Secretaría dice que realiza sólo el registro a los jardines infantiles privados que cumplen con los requisitos para la atención de los niños y niñas de cero a cinco años. Además, hace vigilancia, control, seguimiento y pide el acatamiento de los estándares establecidos por las normas, pero que no tiene competencia para sellar o aplicar ningún tipo de sanción.

Si bien Integración Social visitó 855 jardines en 2017, encontrando irregularidades en varios de ellos, a la fecha no hay evidencia de revocatorias de la licencias de funcionamiento.

En el último año, la Personería de Bogotá recibió varias quejas sobre el funcionamiento de jardines infantiles privados en el Distrito Capital, razón por la cual ha encendido las alarmas en esta materia, convocando mesas de trabajo interinstitucionales y consultas con entidades del orden nacional para encontrar soluciones concretas.

También en el Ministerio Púbico Distrital evidenció que en la ciudad existen “salas de cuidadores” para niños y niñas, pero sobre las cuales no hay ninguna regulación legal.

¿Falta de reglamentación?

Desde marzo del presente año, la Personería viene solicitando a la Secretaría de Integración Social sobre su gestión en torno a la problemática, pero se ha limitado a manifestar que para poder tomar medidas falta una reglamentación en relación con estos establecimientos, por parte del Ministerio de Educación, toda vez que la normatividad no es clara y existen vacíos legales. Explica que, así revocara la licencia o el registro del jardín, no existe norma que les permita sellar el establecimiento, de manera que pueden seguir funcionando.

Al preguntar al Ministerio de Educación sobre el tema, informó que está tramitando el acto administrativo que reglamentará el seguimiento y control a los jardines infantiles privados. Mientras tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) indicó que la competencia de la vigilancia y control de los jardines es de la Secretaria de Integración Social y que se encuentra estudiando una regulación para poner control a “salas de cuidadores”.

• Hubo 214 acuerdos, donde se incluyen 45 uniones maritales de hecho durante la jornada y 49 desistimientos por arreglos previos.
• En las 142 conciliaciones que no se llegó a ningún tipo de acuerdo, los ciudadanos agotaron el requisito de procedibilidad, paso indispensable para presentar las acciones judiciales que consideren.

La Personería de Bogotá, en la tercera Jornada Nacional de Conciliatón, realizó 645 audiencias que permitieron celebrar 214 acuerdos, incluidos 45 uniones maritales de hecho, 49 desistimientos por arreglos previos y 4 conciliaciones parciales, simplificando engorrosos y costosos procesos judiciales.

Durante la jornada celebrada del 24 al 26 de abril, se gestionó el arreglo de los conflictos en derecho y equidad a personas, en su mayoría, de escasos recursos.

La mayoría de conflictos cotidianos, resueltos de forma gratuita, se relacionan con cuotas alimentarias, responsabilidad extra-contractual, accidentes de tránsito sin lesiones personales, préstamos o deudas no canceladas por concepto de ventas u pago de facturas, cuota de administración en propiedad horizontal, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, conflictos de convivencia, custodia de hijos y regulación de visitas, entre otras. Así mismo se realizaron las uniones maritales de hecho.

También se presentaron 142 no acuerdos, 278 inasistencias de una o las dos partes en conflicto, se suspendieron 9 audiencias y no se admitieron 2 solicitudes por no cumplir los requisitos.

En los casos que no hubo acuerdo, el Ministerio Público Distrital les entregará un documento que certifica que agotaron el requisito de procedibilidad, es decir, ya cumplieron la etapa de conciliación y pueden presentar las acciones judiciales que consideran.

Las audiencias se llevaron a cabo en la sede central (carrera 7 No. 21-24), Supercades de la carrera 30, Américas y 20 de Julio, casas de justicia de Ciudad Bolívar, Usme y Mártires y SAU (Salas de Atención al Usuario de la Fiscalía) de Suba

El objetivo es continuar posicionando la conciliación como un método alternativo de solución de problemas y una forma de acceso a la justicia de manera legítima y confiable, que contribuye a la reconciliación y la paz.

• Gracias a los avances, se pretende fortalecer la cooperación para promover la garantía de derechos de niños y niñas víctimas que habitan en Bogotá.
• Entre enero de 2017 y marzo de 2018, la Personería recibió el 86% de declaraciones de víctimas, que corresponden a 17.884 personas, de ellas el 35% son niños.
• Con el “Taller de la Alegría” del Ministerio Público Distrital se benefició a más de 600 niños víctimas a través de actividades de reconciliación.
• Personera ratifica su compromiso con la niñez víctima de la guerra, a través de alianzas estratégicas con entidades del orden distrital, nacional e internacional.

La Personería de Bogotá y el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ampliaron por un año el acuerdo de entendimiento para continuar cooperando en la misión de visibilizar y garantizar los derechos de la niñez sobrevivientes del conflicto armado que residen en el Distrito, a través del cual se benefició a 623 niños, niñas y adolescentes en los últimos 9 meses.

El ente de control de la Capital, de enero de 2017 a marzo de 2018 recibió 6.762 declaraciones de víctimas del conflicto armado, donde se relacionaron 17.884 personas, de las cuales 6.165 corresponden a niños y niñas. Se identificaron que 220 presentan alguna condición de discapacidad y 1.145 pertenecen a etnias afrocolombianas e indígenas. Además, el 60% de esta población infantil fue reconocida como víctima de desplazamiento forzado y el 43.9% por el hecho victimizante de amenaza.

Como parte de las medidas en pro de esta población, el Ministerio Público Distrital, a través de su Delegada de Víctimas, implementó la estrategia “Taller de la Alegría”, en la que los niños y niñas participan en actividades lúdicas encaminadas a promover sus derechos, afianzar los vínculos familiares, las pautas de crianza, el apoyo psicosocial, la sanación de realidades vividas y la equidad de género. El programa también aporta al fortalecimiento de capacidades para resignificar el concepto de niñez sobreviviente del conflicto, entre de funcionarios y particulares que interactúan con la infancia.

La ratificación del acuerdo con la Unicef se logró gracias a los adelantos obtenidos en el último año en favor de la promoción, protección, reconocimiento y materialización de los derechos de esa población de especial protección constitucional, a través de la transferencia de conocimientos, la articulación interinstitucional y las alianzas estratégicas, donde se consoliden escenarios idóneos para la reconciliación.

Al respecto, la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar dijo que “seguimos trabajando arduamente para que desde la resiliencia, se visibilice y dignifique la identidad de la infancia que sufrió el flagelo de la guerra, articulando esfuerzos con otros organismos para avanzar progresivamente en la consecución de nuestro objetivo propuesto, traducido como un gesto de voluntad de paz y dignificación para nuestra sociedad civil”.

• Permitirá resolver conflictos en cuotas alimentarias, responsabilidad extracontractual, accidentes de tránsito sin lesiones, deudas, entre otras.
• Además, en disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, todo en forma sencilla y gratuita.
• 38 abogados conciliadores atenderán audiencias.
• La conciliación tiene los mismos efectos jurídicos que una sentencia judicial.
• La Personería atendió 19.610 solicitudes, en 2017.

La Personería de Bogotá atenderá 621 solicitudes de conciliación, los días 24, 25 y 26 de abril durante la tercera Jornada Nacional de Conciliatón que programó el Ministerio de Justicia en todo el país.

El ente de control atenderá en sus diez puntos de la ciudad, incluida su sede central (Carrera 7 No. 21-24), supercades de la Carrera 30, Américas y 20 de julio, casas de justicia de Ciudad Bolívar, Usme y Mártires y SAU (Salas de Atención al Usuario de la Fiscalía) de Suba.

Durante los tres días, también se atenderán todas las solicitudes de uniones maritales de hecho en las diferentes sedes de conciliación de la Personería.

La jornada será atendida por 38 abogados conciliadores, con el fin de gestionar el arreglo de conflictos en derecho y equidad de personas, especialmente de estratos uno, dos y tres.

El Ministerio Público Distrital en el 2017 recibió 19.610 solicitudes de conciliación en todas sus sedes que permitieron resolver conflictos cotidianos de forma sencilla y gratuita, en procesos relacionados con cuotas alimentarias, responsabilidad extra-contractual, en accidentes de tránsito sin lesiones personales, préstamos o deudas no canceladas por concepto de ventas u pago de facturas y uniones maritales de hecho

Además, propiedad horizontal, particularmente cuota de administración, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, conflictos de convivencia, custodia de hijos y regulación de visitas, entre otras conductas menores.

El objetivo es continuar posicionando la conciliación como un método alternativo de solución de problemas y una forma de acceso a la justicia de manera legítima y confiable, que contribuye a la reconciliación y la paz.

• Caos vehicular, inseguridad y riesgo para la ciudadanía que transita estas zonas, entre los principales problemas que generan.
• Construcción de centros comerciales estaría vulnerando normatividad orientada a mitigar los impactos que generan estos usos.
• Parque La Colina, Titán Plaza, Gran Estación, entre otros, ejemplos del caos generado en su sector.
• Secretaría de Movilidad y alcaldías locales omiten seguimiento.
• Catorce de 28 centros comerciales fueron visitados por la Personería. La mayoría ha impactado negativamente los sectores aledaños.
• Hoy se realizará a las 2:30 de la tarde mesa de trabajo con comunidad y autoridades por impacto de Centro Comercial y Empresarial Claro.

La Personería de Bogotá evidenció que varios centros comerciales de la ciudad continúan generando caos e inseguridad en la movilidad de los sectores aledaños, lo que afecta a la comunidad y representa un impacto negativo para transeúntes y visitantes de estos lugares.

Esta situación se da, pese a que el Distrito establece unos planes de implantación, que son instrumentos de planeación que buscan mitigar los impactos negativos que puedan generar esos nuevos desarrollos urbanísticos, por eso la Personería pidió al Distrito revisar y hacer un seguimiento eficaz a estos planes, pues al parecer no están cumpliendo con su objetivo.

Centros comerciales como el Empresarial Claro (ubicado en la Avenida Esperanza con Carrera 68), Parque La Colina, Milenio Plaza, Titán Plaza, Centro Mayor, Multiplaza, Gran Estación, Plaza Central, El Retiro, Plaza Imperial, Portal 80, Salitre Plaza, Unicentro, Santa Fe, Terminal de Transportes, colegios, centros religiosos, entre otros, se encuentran ubicados sobre vías de gran importancia, en las cuales, ha generado mayor caos y congestión vehicular.

Por ejemplo, la construcción del Centro Comercial y Empresarial Claro aún no ha sido finalizada (está pendiente el área del centro comercial), pero ya genera una gran congestión, pese a que solo está en operación la parte de las oficinas. Como si fuera poco, la otra parte entrará en operación a mitad de año.

Ante esta situación, el ente de control recibió quejas de la organización de vecinos del sector, Asosalitre, manifestando que se presenta congestión vehicular y peatonal, invasión de espacio público, ventas ambulantes, estacionamiento de vehículos en zonas no permitidas y aumento de la inseguridad.

Para el ente de control, las construcciones que debían generar avance social y mitigar las necesidades de la población, se han convertido en un problema de gran impacto urbanístico negativo en zonas de concurrencia y afluencia de los capitalinos.

Sin seguimiento

Para la Personería resulta preocupante que pese a que la gran mayoría de los centros comerciales cuentan con sus respectivos planes de implantación emitidos por la Secretaría de Planeación y con el aval en los estudios técnicos por parte de la Secretaría de Movilidad, el caos y los riesgos siguen latentes, al parecer, porque los estudios y las medidas de mitigación son insuficientes y peor aún, el impacto social es cada vez menos controlado y corregido.

La Personería encontró una posible omisión por parte de la Secretaría de Movilidad frente al seguimiento continuo en la operación de los centros comerciales, así como incumplimientos en los compromisos establecidos en los planes de implantación y estudios de tránsito adoptados.

Se evidenció que las autoridades no han realizado ni requerimientos ni sanciones en aras de atenuar los impactos negativos que se generen. Además, llama la atención que la Secretaría de Movilidad, no puso en conocimiento de las alcaldías locales la mayoría de las solicitudes realizadas a los centros comerciales, lo que no contribuye al ejercicio del control urbano.

Además, al parecer, las alcaldías locales desconocen las atribuciones otorgadas por el Estatuto de Bogotá que vela por el cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en los actos administrativos que reglamentan los planes de implantación para la construcción de centros comerciales.

Por eso, el ente de control hace un llamado para que las entidades distritales evalúen, sean más rigurosas con los estudios de implantación y promuevan soluciones que resuelvan estas situaciones. Además, para que las tengan en cuenta en los nuevos permisos de construcción, previendo el manejo del tráfico, la seguridad de los visitantes y el respeto por las zonas públicas.

También, dichos instrumentos de planeamiento deben ser analizados en la revisión del POT que se presentará próximamente al Concejo con el fin de fortalecer las medidas de mitigación, antes de otorgar los permisos para la construcción de más centros comerciales en la ciudad.

• Suba, Los Mártires y Fontibón algunas de localidades en las que peor están las ciclorutas.
• Kennedy, Suba, Usaquén, Engativá, Barrios Unidos, Chapinero, Fontibón y Antonio Nariño en las que más reportan hurtos de bicicletas.
• Ministerio Público Distrital pide mejorar estado de red y garantizar seguridad.

La Personería de Bogotá encontró que el 49% de la red de ciclorutas no se encuentran en óptimas condiciones para el tránsito de los biciusuarios y algunos sectores están en pésimo estado. Para completar, las denuncias por hurtos crecen y son escasas las acciones para mejorar la seguridad de los ciclistas.

El estado general de la red presenta serios problemas en las superficies, señalización, demarcación y continuidad, situación que provoca una significativa accidentalidad y desmotiva a los ciudadanos a hacer uso de la bicicleta. Ese hecho genera que no se disminuya el tráfico de vehículos en la ciudad y no se mejoren las condiciones que permitan reducir las emisiones atmosféricas producidas por el alto flujo automotor.

La Personería encontró que los sectores en peores condiciones son: Autonorte entre calles 147 y 149 costado occidental, barrios Santa Helena y La Victoria Norte de la localidad de Suba. Calle 13 entre Avenida Caracas y carrera 30, barrios La Sabana y Ricaurte, en Los Mártires; calle 59 entre carrera 50 y 36ª, barrio Nicolás de Federmán, de Barrios Unidos y calle 24 entre la carrera 50 hasta el Centro Comercial Salitre Plaza, Ciudad Salitre de Fontibón. Entre tanto, en la calle 116 con carrera 50, barrios Malibu y Alhambra de Suba, no está en mal estado, pero es muy inseguro para los ciclistas.

Inseguridad

El Ministerio Público Distrital hizo un llamado a las autoridades distritales para que se salvaguarden la seguridad e integridad de los biciusuarios y se garanticen mejores condiciones de las ciclorutas y bicicarriles, por el alto número de hurtos y algunos accidentes en que se ven involucrados los ciclistas.

El hurto de bicicletas se ha acentuado en localidades como: Kennedy, Suba, Usaquén y Engativá, Barrios Unidos, Chapinero, Fontibón y Antonio Nariño.

Se detectó demoras en la aplicación del Sistema Único Distrital de Registro y Marcación de Bicicletas en la capital, que permite identificar la información cuantitativa y cualitativa de biciusuarios. Se descubrió que apenas se está desarrollando un modelo de software para realizarlo y los incentivos consagrados en las normas para el uso de la bicicleta aún no se concretan.