• Al parecer, desconoció principios de contratación estatal al adjudicar obras de malla vial en la localidad.
• Se le inició proceso verbal y fue citada a audiencia pública para que presente versión libre y descargos.

La Personería de Bogotá suspendió de manera provisional del cargo, por tres meses, a la actual alcaldesa local de Engativá, Ángela Vianney Ortiz Roldán, por presuntas irregularidades en la contratación de obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de malla vial en diciembre de 2016, cuyo valor ascendió a $1.093 millones.

Al mismo tiempo, a la funcionaria se le inició un proceso verbal, formuló cargos y citó a audiencia pública, el próximo 20 de diciembre, para que rinda versión libre y descargos.

Una de las razones para la medida de suspensión provisional es la posible obstrucción a la investigación por parte de la mandataria local, teniendo en cuenta que durante las actuaciones iniciales, que dieron lugar a la averiguación disciplinaria, en la Alcaldía dificultaron las diligencias.

La alcaldesa local, al parecer, permitió que en el pliego de condiciones se exigieran requisitos técnicos desproporcionados e irrazonables de acuerdo con el objeto de contratación, lo que limitó aparentemente la participación de un número mayor de oferentes.

Entre los requisitos posiblemente restrictivos y excluyentes, figuran los relacionados con indicadores financieros, la experiencia y la capacidad organizacional, entre otras, que evidencian un presunto desconocimiento de los principios de transparencia, libre concurrencia y selección objetiva que rigen en la contratación estatal.

La falta fue calificada como gravísima, al desconocer, presuntamente el ejercicio de las funciones de su cargo.

• De 7 actividades, concesionarios sólo deben demostrar que tienen experiencia en dos de ellas.
• Condiciones exigidas favorecen incumplimiento del operador de Doña Juana.
• Establecen privilegios para los concesionarios que desconocen labor de recicladores.
• Una extraña figura de “obligaciones de hacer” no garantiza calidad del servicio.
• Distrito dice que con adendas a licitación corrigió algunas advertencias.

La Personería de Bogotá realizó serias advertencias al Distrito por el proceso licitatorio de concesión de áreas exclusivas para la prestación del servicio de aseo en la ciudad, por tres razones fundamentales: no hay exigencia de propuesta técnica a los interesados, establece privilegios que favorecen a los concesionarios desconociendo a los recicladores y fijan condiciones que premian el precio y no la calidad del servicio.

Según el informe, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), de las 7 actividades gruesas que debe cumplir cada concesionario, sólo exigen experiencia para 2 de ellas, transporte y recolección.

La Unidad fijó unos criterios de calidad a los concesionarios para la adquisición de cierto tipo de vehículos adicionales a los requeridos en la normal prestación del servicio, para apoyar la disposición de basuras en Doña Juana, lo que podría acarrear el incumplimiento de la obligación del operador del Relleno a fin de tener en buenas condiciones las vías de acceso al lugar.

Desigualdad con recicladores

Las cláusulas de la licitación garantizan la exclusividad del concesionario en la prestación del servicio y son claras en no permitir el ingreso de otras personas prestadoras del servicio de aseo. Frente a cualquier perturbación, el concesionario tiene la posibilidad de informar a la UAESP para que este tome las medidas necesarias para hacer respetar su zona, prerrogativa que no se encuentra establecida a favor de los recicladores.

Entre tanto, se establece que el concesionario no podrá recolectar ni transportar los residuos sólidos aprovechables, pero no se incluía inicialmente multa alguna frente a su cumplimiento, aspecto que fue resuelto por la Unidad, con posterioridad a la alerta de la Personería, según informaron.

En los puntos de contenedores destinados para los residuos se consagra en la licitación que antes de la recolección, los recicladores tengan acceso al material aprovechable. No obstante, la condición va en contravía del Código de Policía que sanciona la labor de clasificación de residuos en vía pública.

Otro aspecto que se indica es la necesidad de informar a los recicladores las rutas, frecuencias y horarios de recolección para que puedan realizar su trabajo. Si hay cambios se debe informar, pero frente a imprevistos o emergencias generados por la operación no se menciona cuál será el destino de esos residuos aprovechables que terminarían siendo enterrados en Doña Juana.

El concesionario deberá facturar de manera integral el servicio público de aseo, incluyendo la actividad de aprovechamiento de los recicladores. Si se presentan diferencias entre éstos y los concesionarios, se incluyó la instancia del Comité de Conciliación, que lo conforman las dos partes y donde podrá participar la UAESP, en caso que las organizaciones de recicladores de oficio así lo requieran y lo soliciten. No se tiene precisión sobre el papel que desempeñará la Unidad, si tiene voz, si su participación validará las decisiones tomadas por los prestadores y si le corresponde, posteriormente realizar la verificación de los compromisos allí establecidos y lo que acarrearía su incumplimiento.

Sin exigencias técnicas

Según lo encontrado, los concesionarios deben cumplir con siete actividades gruesas: barrido, limpieza, lavado de áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, recolección y transporte de residuos a los sitios de disposición final, pero la Unidad solo exige experiencia en actividades de recolección y transporte, desconociendo los otros 5 componentes necesarios para la prestación del servicio. Frente a estas, el operador podría demostrar su experiencia a través de la elaboración de su propuesta técnica, aspecto que no es tenido en cuenta dentro de los pliegos.

Precisamente, la no exigencia de propuesta técnica a los interesados, impide conocer cómo se prestará el servicio, situación que permite inferir que los pliegos de condiciones no son adecuados ni ajustados a la naturaleza del contrato.

La licitación gira en torno al precio, no a la calidad del servicio. Dentro de los pliegos, en una ponderación de uno a 100, el mayor porcentaje en el costo tarifario da 45 puntos en la licitación, y quien ofrezca más aportes económicos voluntarios a la UAESP tendrá 30 puntos.

Los aportes económicos se realizan a través de una figura denominada “obligaciones de hacer”, es decir, mientras el proponente ofrezca más recursos a la Unidad para financiar o realizar actividades que se encuentran relacionadas con la prestación del servicio, pero que no son esenciales, tendrá mayor puntaje, premiando los recursos recibidos para actividades accesorias y que incluso no es encuentran en el marco de sus responsabilidades.

Por último, resulta preocupante que nuevamente, como ocurrió hace unos años, se presente un grave riesgo en salubridad de los capitalinos, al entregar el servicio a quien la entidad obligaba a garantizar y controlar un servicio de aseo, no le haya verificado su experticia e idoneidad, proporcional esta licitación de gran envergadura.

De los 3 mandatarios de la actual Administración, uno continúa en el cargo.
Deberán responder por presuntas irregularidades en la contratación.
En pliegos de condiciones, al parecer, exigieron condiciones desproporcionadas que habrían limitado la participación plural de interesados en realizar las obras.

La Personería de Bogotá formuló cargos y citó a audiencia pública al alcalde local de Santa Fe, Gustavo Alonso Niño Furnieles; y los exmandatarios de Bosa, Fredy Alexander Martínez Guzmán, y de Puente Aranda, Lady Alejandra Castillo Benavides, por presuntas irregularidades en contratos de obras de vías locales, que sumados superan los $21.000 millones.

El mandatario de Santa Fe es cuestionado por presuntos anomalías en el proceso de licitación pública para contratar el mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura de la malla vial local y espacio público por $6.107 millones, en diciembre de 2016.

Gustavo Alonso Niño Furnieles, al parecer, incumplió el deber de suspender la licitación de la Alcaldía Local para impugnar el Registro Único de Proponentes (RUP), ante la Cámara de Comercio, por inconsistencias en las certificaciones de experiencia con respecto a un proponente. La falta fue calificada inicialmente como gravísima.

Bosa

El exalcalde de Bosa en la etapa precontractual, al parecer, limitó la participación plural de oferentes, al exigir requisitos habilitantes de capacidad jurídica, financiera y organizacional restrictivos, desproporcionado y no adecuados con el objeto a contratar, sin justificación técnica. El contrato de obra fue por $5.713 millones.

Por su parte, para escoger el interventor en el concurso de méritos, por $576 millones, realizaron exigencias similares que restringiendo también la participación de los interesados.

Según la investigación, se habría vulnerado el principio de transparencia y selección objetiva de la contratación estatal, además de impedir la escogencia de la oferta más favorable para la entidad. La falta fue calificada inicialmente como gravísima.

Puente Aranda

A la exalcaldesa se le cuestiona por presuntas irregularidades en 3 contratos, el primero para el mantenimiento y rehabilitación de vías, el segundo, para la adecuación de la sede de la alcaldía local y el tercero para el mantenimiento y recuperación de parques de la localidad, por $8.841 millones. 
Durante los procesos contractuales, al parecer, la alcaldesa habría limitado la participación de oferentes al incluir cláusulas restrictivas y exigir experiencia, capacidad técnica y financiera desmedidas.

Según, el ente de control la funcionaria celebró 3 contratos, entre enero y diciembre de 2016, en los que habría desconocido los principios de contratación, de transparencia, planeación y selección objetiva, lo cual es considerado como falta gravísima.

Los cuestionados deberán presentarse a audiencia pública para presentar versión libre y descargos en las siguientes fechas: el próximo 24 de noviembre, Gustavo Alonso Niño; el 16 de este mes, Fredy Alexander Martínez Guzmán, y el 21, Alejandra Castillo Benavides.

• Presuntamente incurrió en un conflicto de intereses, al no declararse impedido en temas de Uber, pese a que en el 2015 se pronunció a favor de la aplicación.
• No asistió a la primera audiencia pública ni aportó excusa alguna por su inasistencia a la diligencia en la que debía presentar descargos y versión libre.
• Se le nombró apoderado de oficio para su defensa.

La Personería Delegada de Disciplinarios II formuló cargos al secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo Suescón, por presunto conflicto de intereses al no declararse impedido para los temas relacionados con el servicio de transporte Uber, durante el ejercicio de sus funciones, pese a haber realizado un estudio sobre el tema en 2015.

El funcionario, antes de desempeñarse en el cargo público, realizó un estudio académico con la Universidad de Los Andes denominado “Impacto de Uber en movilidad sostenible de Bogotá”. En la publicación resalta las bondades de la implementación de esta plataforma en la ciudad, lo que en la actualidad va en contravía a los principios de transparencia y moralidad en la función pública.

El servidor había sido citado a audiencia pública, el 12 de octubre, para que presentara descargos y versión libre, pero no asistió ni presentó soporte alguno que justificara sus inasistencia, por lo que se le nombró apoderado de oficio para que ejerza su defensa.

La audiencia de presentación de descargos y versión libre fue reprogramada para el 14 noviembre de 2017.

• Hay 75 condenados y 481 con medida de aseguramiento que deberían estar en centros carcelarios o prisión domiciliaria.
• 62 personas más de especial protección (enfermos, en condición de discapacidad, adultos mayores, entre otros), no tendrían que estar allí.
• En 14 Estaciones de Policía, hay 186 detenidos, cuando son sitios de retención transitoria no aptos para periodos indefinidos.
• Muchos detenidos se encuentran en deplorables condiciones de salubridad.
• Funcionarios en estos sitios están asumiendo competencias de guardianes, que no les corresponden.
• El Inpec no conduce a los detenidos a las cárceles, con el argumento de la falta de cupos en los centros penitenciarios.

La Personería de Bogotá encontró que alrededor de 639 personas están detenidas en las Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediatas (URI), la mayoría durante varios meses, a pesar de que no son lugares destinados a la reclusión y/o detención de individuos procesados o en ejecución de sentencia.

De esas personas privadas de la libertad, 453 se encuentran en las URI, mientras que 186 en Estaciones de Policía. El ministerio público distrital determinó que 461 detenidos tienen medida de aseguramiento intramural, 83 transitorios, 72 condenados intramural, 20 con medida de aseguramiento domiciliaria, y 3 condenados a prisión domiciliaria.

Así mismo, se contabilizaron 62 personas de especial protección, de los cuales se destacan 10 adultos mayores; 8 con condición de discapacidad; 5 con trastornos psiquiátricos; 16 extranjeros y 4 con enfermedades de transmisión sexual.

También se evidenció que la mayoría de los detenidos se encuentran hacinados, en condiciones higiénicas y sanitarias deplorables, sin baños ni alimentos, sin atención médica oportuna. Además, están sin ventilación e iluminación óptima, hay carencia de extintores, escasa señalización, espacios reducidos, duermen en el piso hombres y mujeres, así como se evidenciaron problemas de infraestructura física, lo que se constituye una grave vulneración a sus derechos fundamentales.

Esta situación no es nueva, obedece a la falta de cupos por parte del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), entidad que no recibe a las personas detenidas en las cárceles de la ciudad generando un colapso indefinido en la capacidad de las URI y las Estaciones de Policía.

El ente de control distrital hará un llamado al Inpec, a la Policía Metropolitana y a la Fiscalía General de la Nación para que articulen esfuerzos y tomen medidas inmediatas que permitan garantizar los derechos humanos de las personas detenidas en estos lugares.

Hacinamiento

Se presenta una grave condición de hacinamiento en las URI de Puente Aranda, 299 personas; en Ciudad Bolívar, 61, y Kennedy 60, en espacios en regular y mal estado.

En las Estaciones de Policía de Rafael Uribe hay 22 retenidos en condiciones locativas y celdas en mal estado; en Suba en 2 celdas en regular estado hay 23 personas; en Barrios Unidos hay 38 personas en 4 celdas en deplorables condiciones; y en Antonio Nariño, 7 personas, en 2 celdas en malas condiciones locativas.

Quedó en evidencia que las condiciones higiénicas de estos lugares no son las adecuadas. Así mismo, no solo falta infraestructura para albergar a los detenidos, sino que estaciones, como la de Chapinero, presentan un riesgo inminente de colapso.

Condiciones especiales

Durante el recorrido, se pudo constatar casos que atentan contra la dignidad humana. Por ejemplo, se detectaron personas con enfermedades de transmisión sexual y trastornos psiquiátricos, sin que se les brindara tratamiento médico alguno.

De igual manera, hay personas en condición de discapacidad, adultos mayores y extranjeros, como el caso de un venezolano, que por estar indocumentado no se le ha resuelto su traslado de retención domiciliaria, desde el 13 de marzo de 2017.

En la URI de Puente Aranda, hay una sola celda para mujeres, que se encuentra junto a la de hombres, por lo que no tienen intimidad alguna, a lo que se suma a que muchas veces son objeto de vejámenes y exhibicionismo sexual.

Alimentación y Salud

En general, no hay un suministro adecuado y permanente de alimentos, y en muchos casos, es asumido por los familiares. Las personas que no reciben visitas están sujetas a la caridad de los otros detenidos para obtener alguna comida. Por ejemplo, en la Estación de Barrios Unidos, el servicio de alimentación es incompleto y muchas veces ha llegado en estado de descomposición.

En salud, el común denominador es la ausencia de servicio médico y odontológico en celdas. En caso de ser formulados medicamentos, es difícil su adquisición, y cuando es requerido el servicio de ambulancia es muy demorado.

En la Estación de Barrios Unidos se informó que a los familiares que realizan visitas los obligan a desnudarse y hacer cuclillas, lo que atenta contra la dignidad humana.

• Estaban en precarias condiciones de hacinamiento y salubridad. Algunos tuvieron que ser trasladados en ambulancia a centro de atención.
• Líder indígena no dejaba realizar valoración médica a la comunidad, dice Secretaría de Salud.
• Autoridades intervinieron para restablecer los derechos de los menores.
• Personería logró que Registraduría iniciará proceso de identificación, cotejo de huellas y expedición de documentos.

Por solicitud y con el acompañamiento de la Personería de Bogotá fueron rescatados por las autoridades 53 niños de la comunidad Wounaan Nonam que se encontraban en precarias condiciones de salubridad y hacinamiento, en una vivienda, en la calle 78 sur No. 18C-09, barrio Cedritos de Ciudad Bolívar.

En el operativo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Policía de Infancia y Adolescencia, y Secretarías de Salud, Integración Social y Seguridad y Convivencia se encontraron menores, entre uno y cinco años, en alto riesgo de enfermedad sin valoración integral por la negativa de su líder indígena, el señor Mistrico Carpio.

De acuerdo con el informe de las autoridades, los niños presentaban síntomas de enfermedades respiratorias agudas, palidez, coloración amarilla en escleras y piel, y un estado nutricional inadecuado, al punto que algunos menores tuvieron que ser trasladados en ambulancia a un centro de atención. En el operativo también se encontraron 24 adultos y 2 mujeres gestantes.

Según la Secretaría de Salud en el lugar había hacinamiento, vectores (ratones), incremento de insectos, acumulación de basuras, baños dañados, malos olores, cocina en un cuarto, alimentos regados en diferentes espacios, por lo que solicitaron declarar la alerta sanitaria.

Ante la vulneración de los derechos a la educación, salud y vivienda digna de los niños, el ICBF, en coordinación con las autoridades distritales, intervino para emprender las acciones de restablecimiento de derechos de los afectados.

Por lo tanto, 4 niños fueron llevados a instituciones de atención en salud por delicado estado, 4 menores más sin padres están en un centro de protección de Bienestar Familiar y los demás fueron devueltos a las 17 familias indígenas, con algunas condiciones y bajo la supervisión del ICBF. Entre tanto, la Caja de Vivienda Popular dispuso de tres viviendas transitorias para albergar a las familias indígenas.

Al mismo tiempo, por solicitud de la Personería, la Registraduría inició el proceso de identificación, cotejo de huellas y expedición de documentos de los indígenas, especialmente a los niños que nunca habían sido registrados.

• Deberán responder por la falta de medicamentos e insumos en la UCI pediátrica de El Tunal.
• 348 historias clínicas de niños en la Unidad dan cuenta de los faltantes de elementos fundamentales que pusieron en riesgo a los pacientes.

La Personería de Bogotá citó a audiencia pública y formuló cargos contra la gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, Claudia Helena Prieto Vanegas; la subgerente, Jeannette Pava Laguna y el director de El Tunal, Gabriel José Puello Kerguelen, por su presunta responsabilidad en la falta de medicamentos e insumos en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del hospital, como lo evidencian 348 historias clínicas de esa área, lo que pudo generar grave riesgo para la vida de un sinnúmero de niños del sur de la ciudad.

Debido a la situación, se encontró que los médicos tuvieron que negar la atención a nuevos pacientes, muchos de ellos en condición crítica, por la falta de elementos básicos y fundamentales en la Unidad pediátrica del centro hospitalario.