• Los 29 delegados tendrán un periodo de dos años.
• De total, fueron elegidas 17 mujeres.
• Se postularon 118 candidatos de todas las localidades.

La Personería de Bogotá realizó el proceso para la elección de 29 delegados a la Mesa Distrital de Participación Efectiva de Víctimas, que cumplirán su labor en el periodo 2017 - 2019.

Las elecciones fueron instaladas por la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, en cumplimiento de la Ley de Víctimas, 1448 de 2011, que busca que los afectados por la violencia armada, participen e incidan en la política de atención y reparación integral de esta población.

La jefe del ministerio público indicó: “que las políticas de restitución de derechos y de reparación de las víctimas deben anclarse en el pilar de la participación; y no de cualquier tipo, sino en la participación efectiva, como lo quisieron quienes legislaron al respecto en el Congreso de la República y como lo disponen los principios de los derechos humanos y el derecho internacional Humanitario”.  

La jornada democrática, en la que el ente de control realizó la Secretaría Técnica, se llevó a cabo en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación. Allí los afectados por la violencia, que residen en las diferentes localidades de la ciudad, eligieron los delegados por los hechos victimizantes como: vida y libertad, integridad física, desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual y minas, munición y artefactos sin explotar.

También se escogieron los candidatos de los cinco enfoques diferenciales de personas en condición de discapacidad, mujeres, LGBTI, jóvenes y adultos mayores y una representante del grupo étnico afro, negro, raizal y palanquero. Mientras que la delegada por el grupo étnico indígena fue designada por la mesa autónoma indígena.

Entre los 29 delegados fueron elegidas 17 mujeres, ocho hombres y 4 representantes de organizaciones defensoras de víctimas.

Previo a la elección, las propuestas de los 118 candidatos fueron escuchadas por la personera de Bogotá. Cada aspirante explicó porque debía ser elegido para trabajar por el restablecimiento de los derechos y la reparación de las víctimas del conflicto en el Distrito Capital.

Hace unos días la nueva Mesa Distrital emprendió su labor con la elección de los coordinadores de los diferentes comités, y de los delegados de los diferentes espacios de participación e interlocución establecidos por la ley.

• Presuntamente ofreció dinero a agentes de la policía para evitar el cierre de restaurante-bar, al parecer, de su propiedad
• Establecimiento comercial no tenía los documentos necesarios para su funcionamiento.

 La Personería de Bogotá formuló cargos al edil de Fontibón, Omar Ángulo Torres, por ofrecer dinero, presuntamente, a agentes de la Policía para evitar el cierre de un restaurante-bar, al parecer, de su propiedad.

El implicado fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de las autoridades, después, la Fiscalía 379 de Bogotá le imputó cargos por el presunto delito de cohecho.

El 27 de agosto de 2016, los agentes de Policía encontraron que el Restaurante-Bar HollyCity no tenía los documentos al día para su funcionamiento. Según los uniformados, el edil les ofreció $50 mil para que no sellaran el establecimiento comercial.

Según la queja Omar Ángulo Torres, al parecer, pretendió influir de manera indebida, al presumir de su cargo e intimidarlos para evitar el cierre del negocio argumentando: ‘O usted me colabora o yo lo embalo porque los estoy grabando’. El hecho fue calificado como un claro ejemplo de: “usted no sabe quién soy yo”, propio del indebido comportamiento de algunos servidores públicos.

De acuerdo con la investigación, el implicado habría vulnerado el Código Único Disciplinario por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones. También, con su manera de proceder, habría transgredido el principio de moralidad en la Administración Pública.

• Suscribió un contrato de prestación de servicios por encima de los topes máximos y excepcionales establecidos en las normas.
• Directivo desconoció el principio de austeridad en el gasto público.
• Fallo destaca las calidades del contratista y resalta que las irregularidades, en este caso, son responsabilidad exclusiva de los servidores públicos.

La Personería de Bogotá, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al gerente de Canal Capital, Darío Montenegro Trujillo, por realizar un contrato de prestación de servicios para dirigir el Sistema Informativo, por encima de su propia remuneración mensual, hecho prohibido por las normas, según principios de austeridad y economía del gasto público.

De acuerdo con la investigación, el gerente devenga $20.2 millones mensuales aproximadamente; si a ese valor se le suma lo que recibe el directivo con factores prestacionales anuales (primas, vacaciones y otros), su salario promedio mensual asciende a unos $33.4 millones.

Las leyes prohíben contratar por encima del salario del gerente y establece unos casos especiales, de servicios altamente calificados, en los que autorizan superar ese tope. No obstante, prohíben que ese monto sea mayor al promedio que recibe el directivo con sus respectivas prestaciones anuales.

En el caso concreto de Canal Capital, el funcionario contrató no sólo superando el monto de su salario mensual normal, sino que pactó unos honorarios por $34.8 millones, es decir, por encima del promedio recibido con prestaciones sociales anuales.

El fallo de primera instancia dice que no hay duda de las calidades del contratista para prestar servicios de alta complejidad, por eso las normas establecen excepciones, pero eso no autoriza a vulnerar inclusos los topes máximos especiales, consagrados en el Decreto 2785 de 2011.

Contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación, el cual será resuelto por la Personera de Bogotá, en segunda instancia.

Cuatro funcionarios de carrera administrativa de la Personería de Bogotá fueron premiados por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en el marco de la II gala de reconocimiento “Innovación que Deja Huella”, la cual exalta las ideas, el espíritu creativo y las experiencias trasformadoras con mayor viabilidad de realizarse en las entidades y organismos del Distrito Capital.

El evento, que se llevó a cabo el pasado 12 de octubre en el teatro municipal Jorge Eliécer Gaitán, laureó a 130 servidores públicos de carrera administrativa de todo el Distrito por su calificación sobresaliente en el 2016, siendo galardonados en representación de la Personería: Myriam Socorro Romero Ordoñez, con 37 años al servicio de la entidad y adscrita a la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico; y Miguel Ángel Valero Bernal, con 37 años al servicio de la entidad y adscrito a la Personería Delegada para la Vigilancia de los Derechos Humanos.

Por otra parte, de un total de 73 preseleccionados, fueron distinguidas 18 iniciativas y experiencias innovadoras en temas relacionados con gestión humana, responsabilidad ambiental, y el uso de las tecnologías de información y comunicación, de las cuales la Personería se alzó con dos premios.

Los condecorados fueron Anyul Liliana Molano Núñez, de la Dirección TIC, premiada con el segundo lugar en la subcategoría de “ideas creativas en casa”, con su proyecto “Mi Pensión – Una Realidad”; y Pablo Elías Rueda Montenegro, de la Personería Delegada para la Protección del Medio Ambiente, Asuntos Agrarios y Rurales, también ganador del segundo lugar con la “Exposición itinerante – Agua de Bogotá, Riqueza de la Cuenca”, en la subcategoría de “ideas creativas para el planeta”.

“Estamos muy contentos con el reconocimiento otorgado, fruto de nuestra experiencia y vocación de servicio, que nos incentiva a mejorar y a proponer alternativas de mejoramiento y calidad en nuestra labor, a través de la implementación de nuevas tecnologías en diferentes campos”, dijo uno de los funcionarios de la Personería honrado en la ceremonia.

Las ideas y experiencias fueron seleccionadas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Universidad EAN y un grupo especializado de la Secretaría Distrital de Ambiente, quienes destacaron la nutrida participación y acogida de la convocatoria que exalta la labor, el talento, la dedicación, el esfuerzo y la creatividad de los funcionarios de carrera administrativa de las entidades del Distrito.

• Suspensión de servicio de SITP  y falta de plan de contingencia afectó a más de 160 mil ciudadanos.
• Habitantes de la localidad se les informó un día antes sobre el cese de operaciones, tuvieron que recurrir a transporte informal.
• 7 meses antes, Transmilenio tuvo conocimiento del vencimiento de las pólizas sobre el operador.

La Personería de Bogotá inicio una indagación preliminar contra gerente de Transmilenio S. A., Alexandra Rojas Lopera, por su presunta responsabilidad en la falta de planeación y el desarrollo de planes de contingencia para la operación del servicio de rutas del SITP en la localidad de Ciudad Bolívar.

Después de una visita realizada por el Ministerio Público a Transmilenio S.A., este declaró el incumplimiento parcial del contrato de SUMA S.A.S. responsable de la operación de los buses del  SITP en la localidad de Ciudad Bolívar, sin contar con planes de contingencia suficientes que facilitaran la movilidad a más de 160.000 usuarios.

La suspensión de la operación de SUMA S.A.S en la localidad de Ciudad Bolívar se debe al vencimiento de las pólizas, el 10 de octubre de 2017, que amparan las obligaciones derivadas del contrato de concesión, motivo por el cual Transmilenio S.A. ordenó el cese de operaciones. Esto deja en evidencia la presunta improvisación en el manejo de la contratación, que además tiene vigencia hasta el año 2034. De no otorgarse la póliza daría lugar a la terminación del contrato por incumplimiento.

Desde el 15 de marzo de 2017, la aseguradora informó a Transmilenio S.A. la no renovación de las pólizas, es decir, desde hace 7 meses, tuvo conocimiento de que se vencería el contrato del operador SUMA del SITP, sin contar con un plan de contingencia adecuado, recurriendo finalmente a las empresas que actualmente operan el SITP “Provisional”, empresas diferentes a los concesionarios del SITP y que no fueron suficientes para atender la demanda.

“Nadie puede obligar a la administración a suscribir o mantener un contrato con una empresa que no tiene una póliza de garantía, pero si se debe garantizar la movilidad de los ciudadanos”, afirmó la personera.

Además, se debe advertir, que el próximo 20 de octubre de 2017, se vencen las pólizas del operador MASIVO, encargado de la operatividad en la localidad de Kennedy y Suba.

La Personería también citará a mesa de trabajo a los operadores y a Transmilenio, para buscar soluciones reales.

La Personería de Bogotá participó en la segunda jornada nacional gratuita de “Conciliatón”, convocada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, para ofrecer servicios gratuitos de conciliación extrajudicial en derecho y en equidad, en forma masiva a la población de estratos 1, 2, y 3.

El evento se llevó a cabo del 26 al 28 de septiembre, donde el ente de control distrital atendió un total de 690 solicitudes y 53 uniones maritales en los puntos habilitados: sede central; Supercades de Suba, Bosa, carrera 30, 20 de Julio y Américas; SAU de Suba; y las casas de justicia de Ciudad Bolívar, Usme y Los Mártires.

Estas cifras aumentaron con respecto a la Primera “Conciliatón”, superando las expectativas y ubicando a la Personería en un lugar privilegiado de iniciativas de diálogo y autogestión de los conflictos con respecto a otras entidades del sector en el Distrito Capital.

Jairo Mejía, Director del Centro de Conciliación de la Personería de Bogotá, señaló que “esta iniciativa busca que los ciudadanos conozcan los mecanismos que ofrece la justicia y los utilicen para la resolución pacífica de sus diferencias, en el orden civil, familia, penal y comercial. Estamos muy contentos por la acogida que hemos tenido”.

Este tipo de actividades, de la cuales la Personería siempre es receptiva, buscan posicionar a la conciliación como un método alternativo de solución de conflictos, reconocido por la ciudadanía como una forma de acceso a la justicia de manera legítima y confiable, además de promover y apoyar la consolidación de los sistemas Justicia a nivel nacional.