• 12.761 llamadas llegaron por la Línea 143.
  
• En el Centro de Atención al Ciudadano atendió 7.678 personas.
  
• La mayoría de quejas son por demora en las citas médicas, suministro de medicamentos, exámenes diagnósticos, procedimientos y remisiones.
  
• Cafésalud y Capital Salud representan el 41% de las EPS más cuestionadas.

La Personería de Bogotá recibió en el primer semestre de 2017, 20.439 solicitudes en el tema de salud. 12.761 orientaciones recibidas a través de la Línea 143 y 7.678 quejas atendidas por PAS, Personería Atención en Salud.

De las quejas de salud, 7.143 (35%) tienen que ver con la demora en las citas médicas, 3.506 (17,1%) con la negativa al suministro de medicamentos, 2.440 (12%) exámenes de diagnóstico, 1.260 (6,1%) tardanza en procedimientos y 1.288 (6,3%) dificultades en las remisiones.

Otros problemas son la negación de servicios o barreras administrativas como la demora en autorizaciones prioritarias, negativa a licencias de maternidad e incapacidad médica, puntaje del Sisben, falta de recursos para asumir las cuentas, habilitación de servicios, suspensión de servicios de seguridad social y falta de atención a población privada de la libertad.

Las EPS con mayor cantidad de requerimientos son: Cafesalud 4.421 (21,6%), Capital Salud 4.100 (20,05%), Salud Total 1.961 (9,5%), Cruz Blanca 1.648 (8,05%), Nueva EPS 1.274 (6,2%). Le siguen con menos quejas Famisanar, Compensar, Sanitas y Coomeva, Médicos Asociados, EPS Unicajas Comfacundi y la Dirección General de Sanidad Militar, entre otros.

Hospitales

En cuanto a IPS u hospitales se recibieron 312 quejas a través de la Línea 143. Las que tienen mayor cantidad de solicitudes tienen que ver con centros de atención del Distrito como el Hospital de Kennedy 33, Hospital El Tunal 16, le siguen los hospitales Santa Clara, Engativá, Simón Bolívar, Suba, La Victoria, Fontibón y Hospital Meissen.

•  Adquirieron un edificio para 64 apartamentos, pero sólo pudieron aprovecharlo para 24.
• Establecieron que el monto de la compra y su adecuación era de $9 mil millones, pero terminaron pagando más de $15 mil millones.
  
• Al parecer, no hubo estudios serios y reales del estado del inmueble, lo que había generado costos adicionales por unos 6.000 mil millones en arreglos.

La Personería de Bogotá citó a audiencia pública para el próximo 26 de julio y formuló cargos contra el exgerente encargado de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), Nicolás Corso Salamanca y el exdirector Técnico de esa entidad, Mario Avellaneda Gonzalez por presuntas irregularidades en la compra de un inmueble por más de $8.000 millones y su adecuación por $7.000 millones.

En el edifico de ocho pisos de oficinas, ubicado en la Carrera 10 N° 18-15, antigua Universidad Gran Colombia, se pretendía adecuar 64 apartamentos de áreas entre los 35 y 55 metros cuadrados, como proyecto de reposición de vivienda, pero se terminó aprovechando sólo 24 apartamentos y ocupando únicamente tres pisos del inmueble para albergar hogares.

El costo inicial, en 2015, era de $9.237 millones para la compra del edificio, cambio de uso, la adecuación de 64 apartamentos y un local para las Oficinas del ERU y Metrovivienda. Sin embargo, el costo finalmente subió en seis mil millones más de lo previsto, por el inadvertido incremento del número y valor de las adecuaciones.

De acuerdo con la investigación, a Nicolás Corso Salamanca, como Gerente encargado en 2015, se le cuestiona su presunta responsabilidad en la compra del inmueble sin tener en cuenta estudios técnicos serios para determinar el estado físico y estructural del edificio. Además, por no contar con un censo real de los vinculados al proyecto e interesados en la reubicación.

En cuanto a Mario Avellaneda Gonzales, Director Técnico de ERU en 2015, el Ministerio Público Distrital encontró que, al parecer, en ejercicio de sus funciones no realizó la revisión e inspección pormenorizado del inmueble para determinar el estado físico y estructural previo a su compra.

El ente de control evidenció que en la adquisición y posterior adecuación del predio se habrían desconocido y vulnerado los principios de moralidad, eficiencia, economía y celeridad en la gestión pública.

• A través de la Línea 143, que funciona 24 horas recibió 75.728 llamadas.
• En el Centro de Atención al Ciudadano atendió 88.592 personas.
• Elaboró 9.672 tutelas y llegaron 16.606 solicitudes de conciliación.
• En Derechos Humanos y Ministerio Público intervino en 141.184 casos. 43.481 fueron víctimas y familia.
• Las personerías locales atendieron y actuaron en 76.038 ocasiones.
• La mayor irregularidad la contratación. Hubo 2.175 decisiones de fondo. Las más cuestionadas las alcaldías locales y secretarías de Salud y Educación.
• La mayoría de quejas son contra directivos del Distrito, con un 72%.

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar durante el evento de Rendición de Cuentas de su primer año de gestión, indicó que entre el 25 de mayo de 2016 y el 30 de mayo de 2017, fueron atendidas 419.000 solicitudes de los capitalinos.

Las principales quejas, solicitudes de orientación o intervención en defensa de los capitalinos tienen que ver con problemas en salud, seguido de derechos humanos (especialmente familia y víctimas), orientación jurídica, consumidor y pensiones.

De las 75.728 llamadas recibidas en la Línea 143, 35.500 fueron del tema de salud, es decir, el 43%. Mientras que de los 21.604 reclamos atendidos por Eje de Veedurías sobre el funcionamiento de la administración pública, 16.195, el 74%, tienen que ver con salud e integración social.

El Centro de Atención al Ciudadano (CAC) atendió 88.592 personas, de las cuales el 60% buscó orientación jurídica en diferentes temas, el 40% restante en salud, tutelas, servicios públicos, pensiones y consumidor. En los supercades y el CAC se elaboraron 9.672 acciones de tutela, impugnaciones y desacatos. Se recibieron 16.606 solicitudes de conciliación.

Derechos Humanos y Ministerio Público

De las 141.181 intervenciones se resalta las 43.481 quejas que se recibieron por el tema de víctimas y familia. La Personería participó en la imposición de 6.004 medidas de protección de Comisarías de Familia, ante situaciones de violencia intrafamiliar, muchas de ellas contra mujeres. Se actuó en 146 diligencias de restablecimiento de derechos en favor de menores de edad.

Como representantes de los intereses de la sociedad y en defensa de los derechos fundamentales, durante el año la Personería asistió  e intervino en 27.093 audiencias convocadas por jueces, fiscales y comisarías de familia.

De las 18 agencias especiales ordenadas por la Personera de Bogotá para intervenir de manera preferencial ante las autoridades judiciales, 13 son casos de mujeres víctimas de atentados contra su vida, integridad y libertad sexual.

En el Centro de Traslado por Protección (CTP), antes llamado UPJ, el Ministerio Público Distrital logró evitar que 20.553 ciudadanos  fueran privados de su libertad de manera arbitraria.

Veedurías, Disciplinarios y Locales

La Personería realizó 120 veedurías sobre el funcionamiento de la Administración Distrital en temas sociales, educación, ambiente, hábitat, servicios públicos, movilidad, gobierno y finanzas distritales. Los hallazgos sirvieron para que el Distrito tome medidas para mejorar su gestión y otros motivaron el inició de averiguaciones disciplinarias.

Las personerías locales, especialmente, revisaron 614 contratos de las 10 alcaldías, que arrojaron 463 hallazgos y la solicitud de 256 investigaciones disciplinarias.

En los expedientes disciplinarios se emitieron 2.132 decisiones de fondo, siendo la principal conducta la violación al régimen de contratación que dio inicio a 1.567 indagaciones preliminares, 819 investigaciones disciplinarias y 95 formulaciones de cargos contra las Alcaldías Locales, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación, entre otros.

Los niveles jerárquicos que incurren en algún tipo de falta disciplinaria son; el  72%  a nivel directivo,  10%  a  nivel profesional y 13% a nivel asesor.

El fortalecimiento de las personerías locales permitió atender 12.796 solicitudes en materia de derechos humanos.

Se realizaron 28.056 actuaciones en alcaldías y 23.764 en inspecciones de Policía. Esta labor incluyó la intervención en 889 querellas para evitar su caducidad o su prescripción, así mismo, se realizó 14.123 impulsos procesales en alcaldías locales y 661 en inspecciones de Policía.

• Agredió físicamente al Secretario de la JAL al momento de arrebatarle algunos documentos.

La Personería de Bogotá sancionó con suspensión e inhabilidad por dos meses en el ejercicio del cargo, en primera instancia, al Edil de la Junta Administradora Local de Teusaquillo (JAL), Oscar Antonio Caro Suárez, por agredir físicamente al Secretario de esa corporación

Según la investigación el servidor público agredió al Secretario al tratar de arrebatarle algunos documentos, en hechos ocurridos a finales de febrero de 2016.

Durante la Audiencia Pública disciplinaria, el Edil aceptó la ocurrencia de los hechos que se le atribuyen, además se excusó con el agredido y con sus compañeros ediles, por el comportamiento indebido en el desempeño de sus funciones. Este hecho, contemplado en las normas, le permitió disminuir la sanción impuesta.

El fallo de primera instancia no fue apelado por el servidor público, por lo que quedó en firme la suspensión del cargo.

La Personería mediante la modalidad de procedimiento verbal busca en corto tiempo imponer sanciones que reflejen en los servidores públicos del Distrito la observancia de las normas básicas de buen comportamiento y respeto, no solo a los compañeros de trabajo, sino a la ciudadanía en general.

• Líderes de organizaciones de víctimas inscritos como candidatos a las elecciones de las mesas locales de participación serán capacitados. 
• Tendrán herramientas en cultura ciudadana, prevención de violencia, construcción de paz.

Gracias a una iniciativa de la Personería de Bogotá y el trabajo interinstitucional de varias entidades del orden distrital y nacional se inició una ´Escuela de Participación´ para fortalecer los conocimientos de las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, sobre la Política de Atención a esta población.

De esa forma, el Organismo de Control, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), la Alta Consejería para las Víctimas, la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas y la Defensoría del Pueblo diseñaron una capacitación para brindar herramientas teóricas y prácticas en temas relacionados con liderazgo, cultura ciudadana, prevención de violencias, construcción de paz y memoria histórica. El objetivo es que las víctimas adquieran conocimientos para hacer efectivas y reales las habilidades de participación ciudadana.

La ‘Escuela de Participación’ está dirigida a miembros de organizaciones y defensoras de los derechos de las víctimas, inscritas como candidatas a las elecciones de las Mesas Locales de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado.

Este proceso de formación se realizará por módulos y grupos desde el cinco de julio y hasta el primero de agosto, y contará con la participación de 398 delegados de 19 localidades (Antonio Nariño, San Cristóbal, Puente Aranda, Teusaquillo, Bosa, Kennedy, Candelaria, Mártires, Santa Fe, Chapinero, Engativá, Fontibón, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Suba, Usaquén, Usme y Sumapaz).

De esa forma se contribuye a fortalecer la participación efectiva de las organizaciones de víctimas del conflicto armado en torno a la construcción de paz desde lo local y su incidencia en la política pública de víctimas.

• Desconoció, presuntamente, el principio de austeridad en el gasto público.
• Suscribió contrato por encima de la remuneración mensual establecida para el Gerente del Canal Capital, al parecer, vulnerando las normas.

La Personería de Bogotá formuló cargos y citó a audiencia verbal disciplinaria a Darío Montenegro Trujillo, Gerente de Canal Capital por suscribir contrato de prestación de servicios para dirigir el Sistema Informativo del Canal, al parecer, desconociendo los principios de austeridad y economía del gasto público.

Según las normas, pese a la limitación de pactar una remuneración para servicios personales calificados con personas naturales o jurídicas por encima del valor mensual del jefe de la entidad, el gerente contrató superando ese monto.

De acuerdo con la averiguación, el gerente devenga $20.2 millones mensuales aproximadamente, (con factores prestacionales anuales, el promedio recibido sube a cerca de $33.5 millones), sin embargo, la contratista recibía un salario mensual de $34.8 millones.

Además, se le cuestiona al gerente otras presuntas irregularidades contractuales, relacionadas con la falta de certificaciones o requisitos establecidos por las leyes para este tipo de contratos.

El 22 de junio, el Gerente está citado para que presente sus descargos en la audiencia verbal. 

• Al revisar la historia clínica se evidenció que era un paciente de alto riesgo por sus antecedentes clínicos. Tenía 38 semanas de embarazo.
• Sólo después de dos días de padecimientos, le suministraron el medicamento que se requería de urgencia.
• El fármaco se requería de manera inmediata, según Guías de Atención del Ministerio y Secretaría de Salud.

La Personería de Bogotá encontró que una mujer en estado de embarazo falleció en la Unidad de Servicios de Salud del Hospital El Tunal, al parecer, por no sumistrarle oportunamente un medicamento prioritario para su tratamiento, que no se encontraba disponible en la institución.

Una paciente, de 34 años, ingresó al Hospita el 3 de mayo remitida por otro centro hospitalario que la encontró en grave condición de salud por presentar preeclamsia severa (complicación médica del embarazo que puede incluir hipertensión arterial, convulsiones y la muerte).

El Ente de Control halló que en los dos primeros días de su hospitalización estuvo sin medicamentos neuroprotectores (sulfato de magnesio), pese a que en el Centro de Atención tenía claro que la paciente era de alto riesgo por sus antecedentes de preeclampsia severa. También se encontró que este medicamento hacía falta en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica en el mismo Hospital, como se denunció hace unos días.

De hecho, la gestante ya había tenido dos embarazos con preeclampsia y en uno de ellos perdió bebé. Pese a esos antecedentes y a sus 38 semanas de embarazo, presuntamente, por la falta del suministro oportuno de ampollas de sulfato de magnesio requerido para su tratamiento la mujer fallece, 6 días después de su ingreso a El Tunal.

La Personería verificó que de manera desesperada el médico tratante tuvo que romper el carro de paro para utilizar el medicamento que sólo se encontraba allí, luego de dos días de retraso en su tratamiento de urgencia.

El Ente de Control al revisar los registros de la historia clínica evidenció la falta de medicamentos e insumos disponibles en la farmacia, esenciales para tratamientos en el servicio de ginecoobstetricia, especificamente de preeclampsia severa, pese al bajo costo de algunos de ellos, como es el caso del sulfato de magnesio que comprado en cantidades no supera los $300.

Por todo, lo anterior la Personería inició un averiguación disciplinaria para determinar los presuntos responsables de la falta de medicamentos para la oportuna atención a los pacientes, especialmente, en situaciones de emergencia.

• Deben ser usuarios de servicios públicos y representantes de la comunidad.
• Mínimo, uno de ellos tiene que ser del sector rural. Requisitos en el enlace: http://www.personeriabogota.gov.co/informacion-general/comite-de-estratificacion

La Personería de Bogotá convocó a los capitalinos a participar en la elección de dos representantes de los usuarios de servicios públicos domiciliarios, para que hagan parte del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica de Bogotá.

Las inscripciones están abiertas desde el viernes 9 de junio hasta el viernes 21 de julio a las 5 de la tarde. La documentación debe presentarse en la sede central de la Personería de Bogotá, Carrera 7 No. 21-24, primer piso.

Pueden participar solamente ciudadanos residentes permanentes de la Ciudad, que cuenten al menos con quinto de primaria y sean usuarios de servicios públicos.

No puede ser representante quien sea funcionario de alguna de las empresas de servicios públicos domiciliarios, tenga deudas de más de tres meses con cualquier empresa de servicio público, sea servidor público, esté participando en campañas de elección popular o esté inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Todos los documentos de la convocatoria pueden ser descargados del portal de la Personería de Bogotá, a través del enlace:
http://www.personeriabogota.gov.co/informacion-general/comite-de-estratificacion o solicitarse en la Personería Delegada para la Movilidad y la Planeación Urbana, en la sede central, piso 4.

Serán seleccionados quienes demuestren el mayor número de personas que respalden su postulación. Mínimo, uno de ellos deberá pertenecer a la comunidad rural. El seleccionado puede ser presidente o veedor del comité, tiene acceso a las orientaciones técnicas, a votar en la toma de decisiones del comité y a recibir unos honorarios por su asistencia y participación en las sesiones.

El Comité es un órgano asesor, consultivo, de veeduría y apoyo al alcalde distrital; además, es la segunda instancia de atención de reclamos por el estrato asignado. Entre sus funciones está: velar por la adecuada aplicación de las metodologías de estratificaciones; analizar los resultados de éstas; vigilar la correcta aplicación por parte de las empresas de servicios públicos; solicitar su actualización y resolver recursos de apelación sobre el tema.