La Personería de Bogotá realizará el 11 de agosto, el segundo encuentro semillitas de esperanza en el parque metropolitano Simón Bolívar, a partir de las 9:00 de la mañana en una jornada lúdica y de reflexión “Pon Tus Sueños a Volar” con 100 niños víctimas del conflicto armado quienes asistirán con sus padres o acudientes.
Según datos del Registro Único de Víctimas, el 18.6% de la población víctima del conflicto armado son niños, lo que corresponde a un poco más de un millón quinientos mil (1´500.000) en todo el país, de ahí que para la Personería de Bogotá resulta prioritario ofrecer una atención diferenciada y preferencial a esta población como aporte a la construcción de una cultura para la paz.
El Ministerio Público por intermedio de la Personería Delegada para las Victimas, desde hace dos años viene implementado el encuentro “Semillitas de Esperanza” como parte de la acción conjunta con UNICEF Colombia, cuyo propósito consiste en redignificar las situaciones traumáticas de la guerra que han padecido nuestros niños y niñas y aportar a la recuperación emocional de su núcleo familiar.
El ente de control hace un llamado a toda la sociedad a hacernos responsables del bienestar de este grupo poblacional ya que son el presente de nuestro país y su reparación integral es garantía de una paz estable para todos los colombianos.
La Personería de Bogotá determinó que el Distrito, luego de 18 años de retraso, aún no regula la instalación y uso del mobiliario urbano (Mogadores y Carteleras Locales) para la fijación de afiches y carteles, aunque desde el año 2000 fue expedido el Decreto Distrital 959 para su implementación.
De acuerdo con los artículos 23 y 30 del Decreto, las Secretarías de Planeación y Ambiente deben establecer las condiciones generales para la ubicación y adecuación del mobiliario, así como la regulación y supervisión de su uso.
Se determinó que pasaron 6 administraciones y 8 alcaldes, y aún no hay regulación, situación que agrava contaminación visual y contribuye a anarquía en espacio público. Mientras tanto, los “pegoteros” dicen que la Administración actual los persigue por violar las normas.
Según el informe, los responsables de esta demora, violaron los principios que rigen la función pública, de celeridad, moralidad, eficiencia, y transparencia.
También señala la Personería, que la falta de coordinación interinstitucional ha sido una de las causas para continuar con este vacío de regulación que sin duda ha agravado la problemática y ha obligado al gremio de los “pegoteros” a desarrollar su trabajo en la ilegalidad.
De acuerdo con el estudio, habría un presunto detrimento patrimonial de la Secretaría de Ambiente, al desestimar el informe, resultado de un Convenio de 2008 con la Universidad Distrital, cuyo costo supera los $74 millones, el cual tenía por objeto establecer las directrices de regulación para la instalación y uso de este inmobiliario. A pesar de haber sido recibido a satisfacción, no fue utilizado.
Por todas estas razones, la Personería inició una averiguación disciplinaria para determinar los responsables de este retraso y el posible detrimento patrimonial al no utilizar los estudios realizados para regular la instalación del mobiliario.
La Personería Distrital acata la decisión del Juez 43 Civil del Circuito de Bogotá, pero se permite aclarar lo siguiente:
1. El fallo de tutela proferido en segunda instancia ordena el reintegro o un contrato de prestación de servicios. En cumplimiento de la providencia se le hizo al Señor Herazo Sabbag un contrato de prestación de servicios por 20 millones de pesos, que iguala las condiciones salariales que devengaba. No obstante, se negó a aceptarla.
2. Es importante precisar que la Personería acata, pero no comparte la decisión del Juez de Segunda Instancia, quien tutela derechos fundamentales que de manera alguna han sido vulnerados, si en cuenta se tiene que se está obligando al Ministerio Público Distrital, a mantener en la Entidad, a un funcionario de libre nombramiento y remoción que ya cumplió todos los requisitos legales para pensionarse.
3. También es necesario aclarar que, el señor Herazo Sabbag no está vinculado al régimen de prima media, sino a un Fondo de Pensión Privado en el que se encuentra corroborado que cuenta con los requisitos legales para acceder a su pensión, pues a la fecha tiene las semanas cotizadas y los aportes exigidos por la ley.
4. La decisión del Juez de Segunda Instancia, revoca el fallo de primera y ordena reintegrar al señor Herazo Sabbag, en abierta contradicción de la normatividad vigente, el Patrimonio Público y el interés general. Situación ésta que conlleva a que la Personería Distrital deba mantenerlo de manera indefinida, hasta tanto y según criterio del tutelante Herazo Sabbag se mejore su promedio de aportes para elevar su pensión, creando un nefasto precedente judicial, pero sobre todo desconociendo el derecho a la igualdad, ya que millones de colombianos ni siquiera pueden acceder a cotizar recursos para su jubilación.
5. El Juez Once Civil Municipal, en primera instancia, negó la solicitud de amparo presentada por el señor Herazo Sabbag, al considerar que no se le estaba afectando su mínimo vital, pues contaba con todos los requisitos para garantizarse una pensión digna y se contaba con otros recursos judiciales para reclamar ante la justicia sus pretensiones; en segunda instancia y sin argumentos jurídicos y probatorios, se da un viraje jurídico que desconoce la jurisprudencia de las Altas Cortes. En estos momentos, la Personería de Bogotá, espera que la Corte Constitucional revise la tutela.
La Personería de Bogotá determinó, en un muestreo, que más de la mitad de los articulados de Transmilenio incumplen los parámetros de emisión atmosféricas de la ciudad, sin que la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) ejerza control alguno, al punto que a mayo de 2017, no había ninguna sanción o multa por la contaminación ambiental contra los operadores del sistema.
En visita a los patios de Transmilenio de Suba y el Norte, funcionarios de la Personería, en presencia de la Policía acompañaron una medición realizada por Transmilenio a 42 articulados, de los cuales 23 fueron rechazados, 9 por incumplir los parámetros de emisiones y 14 porque registraban fallas mecánicas (fugas de aceite o de líquidos por el tubo de escape y revoluciones inestables del motor) lo cual impidió el monitoreo.
El Ministerio Público Distrital encontró que si bien existe un convenio interadministrativo de 2013, entre las secretarías de Ambiente y Movilidad (Transmilenio) para realizar diariamente mediciones en los 10 patios, sólo hay 7 personas para tal fin.
La gestión de la SDA se limita a programar operativos que se realizan con equipos y personal que son suministrados directamente por Transmilenio para realizar las mediciones, lo que genera duda en la transparencia y objetividad, por cuanto Transmilenio termina controlándose a sí mismo, es decir, es juez y parte.
Se evidenció que la autoridad ambiental, al parecer, no está ejerciendo su labor y sólo está contemplando la posibilidad de emitir conceptos técnicos e iniciar procesos sancionatorios en caso de incumplimiento de la normatividad ambiental, por emisiones atmosféricas de buses de Transmilenio.
Entre los 3 reportes emitidos por la SDA y Transmilenio, entregados a la Personería, hay inconsistencia sobre los operativos realizados a los articulados y los resultados obtenidos. No coinciden el número total de vehículos, con el de aprobados y no aprobados. Hay ítems sin información, es decir, existen vacíos en la base de datos.
El 30 de septiembre de 2016, una revisión técnica de la SDA a la emisión de partículas contaminantes de 773 buses articulados determinó que 142 articulados de la Fase I fueron rechazados por superar los estándares máximos de partículas contaminantes arrojadas al medio ambiente.
Buses viejos
Según el Ministerio Público Distrital, los buses articulados del sistema tenían una vida útil inicial de 1.000.000 de kilómetros, pero en el año 2013 la Administración Distrital, realizó un “Otrosi” a los contratos para aumentar kilometraje hasta 1.240.000 Km, lo que implicaba tres años adicionales de los contratos y de servicio de los buses articulados.
La Personería destaca en el estudio, que los contratos de concesión de la Fase I de Transmilenio han sido modificados durante los últimos 16 años a través de sucesivas adiciones y Otrosi modificatorios al objeto contractual. En el último trimestre del año 2016, Transmilenio firmó un Otrosi más, prorrogando la vida útil de los buses ahora hasta los 1.500.000 Kms, lo que implica el uso de los articulados por otros dos años.
Se encontró que el nuevo proceso licitatorio requiere entre 18 y 24 meses para ser estructurado y puesto en marcha, además resalta: “La situación actual de los contratos de concesión de la Fase I de Transmilenio evidencia claramente una presunta falta de planeación y de gestión de la parte de la Empresa Transmilenio como gestora del sistema…”. Al Ministerio Público Distrital le inquieta que al llegar al vencimiento de esta segunda prórroga no tengan definidos los parámetros de la convocatoria a un nuevo proceso licitatorio.
La operación de la Fase I de Transmilenio está a cargo de cuatro empresas: Si 99, 254 buses articulados; Metrobus S.A, 141; Ciudad Móvil, 187; Express del Futuro 191. Para dos de cuatro contratos de concesión que vencían en diciembre de 2016 Express del Futuro y Metrobus se suscribió Otrosi por dos años más de operación. El contrato con Sí 99 está vigente hasta diciembre de 2017 y con el operador Ciudad Móvil hasta julio de 2018.
La Personería de Bogotá encontró que 50 niños y niñas de la vereda Las Margaritas de la localidad de Usme se veían obligados a realizar caminatas hasta de dos horas para llegar a su colegio, exponiéndose a situaciones de inseguridad y climas agrestes, generando un aumento considerable en la deserción escolar.
Por tal razón, esta dependencia conformó una alianza interinstitucional con la Secretaría Distrital de Educación para implementar las medidas necesarias destinadas a restablecer el derecho de acceso y permanencia en el sistema educativo de estos menores de edad.
Fue así como a través de la Dirección de Bienestar Estudiantil de la Secretaría, logró inscribir a estos niños a los beneficios del programa “Movilidad Escolar”, cubriendo las necesidades de asistencia escolar y desplazamiento en la ciudad, tal como lo estipula la Resolución 151 de 2015 y 1795 de 2016.
Luego de realizar el proceso de verificación y viabilidad financiera, se puso en marcha la contratación de una ruta escolar, operada por una empresa de transporte que tiene adjudicada el servicio para esa zona.
De esta forma, tanto la Personería como la Secretaría de Educación aúnan esfuerzos con el propósito de fortalecer el cumplimiento y las garantías de los derechos fundamentales de los ciudadanos capitalinos, en especial de menores de edad y población vulnerable.
La Personería de Bogotá realizará el próximo 31 de julio la Segunda Jornada Especial de Conciliaciones de Unión Marital de Hecho, en diez puntos de la ciudad, incluida su sede central (Carrera 7 No. 21-24), supercades, casas de justicia y SAU (Salas de Atención al Usuario de la Fiscalía) de Suba.
Las solicitudes para esta jornada se están recibiendo en las diferentes sedes, desde el lunes 24 de julio. Allí hay que diligenciar el formulario correspondiente, radicarlo con los registros civiles con nota marginal para matrimonio, con fecha de expedición no mayor a tres meses y fotocopias de las cédulas.
Beneficios
La jornada busca facilitar a las personas que quieren legalizar su relación, pero que sin estar casadas forman una comunidad de vida permanente y no tienen impedimentos legales para contraer matrimonio.
La legalización de la unión sirve para la protección de la mujer y la familia, además, brinda los mismos privilegios que se dan a las parejas de casados. Otros derechos que adquieren son el de la sustitución de pensión de vejez o invalidez, alimentos y acceso a la protección por violencia intrafamiliar, entre otros.
La jurisprudencia amplió a parejas del mismo sexo este derecho. La Corte Constitucional estableció que estas parejas presentan requerimientos análogos de protección y que no existen razones objetivas que justifiquen un tratamiento diferenciado.
Los horarios de las audiencias en los supercades de Américas, Bosa, Suba, Carrera 30 y 20 de julio, son de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. También en las Casas de Justicia de Los Mártires, Ciudad Bolívar, Usme y SAU de Suba. En la sede principal de la Personería son de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La Personería de Bogotá inició una indagación preliminar contra el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, por su presunta responsabilidad en la sobreocupación en las salas de urgencias de la red distrital, la falta de insumos, medicamentos e incluso personal médico en las subredes de la ciudad.
Las visitas realizadas por el Ministerio Público Distrital, durante el primer semestre, en horarios diurnos y nocturnos, encontraron un preocupante panorama: pacientes en camillas, sillas y en algunos casos en el suelo, sin atención oportuna, así como medicamentos en deficientes condiciones de almacenamiento, entre otras.
En un sólo semestre la Personería recibió 20.439 solicitudes de los ciudadanos en tema de salud por deficiencia en su atención.
La Personería encontró que continúa el hacinamiento en los servicios de urgencias de la Red Pública Hospitalaria de Bogotá, con casos de 245% de sobreocupación, sin áreas de expansión, con pacientes en camillas y sillas en los corredores y en algunos casos en el suelo.
El Ente de Control también halló que en el 100% de la Subredes se presentan faltantes de medicamentos e insumos médicos, generando que en algunos centros de atención no cuenten con el stock mínimo establecido para cubrir la demanda del servicio. Además, el almacenamiento de los medicamentos no esta en las condiciones óptimas de temperatura y humedad, exponiéndolas a contaminación con polvo y suciedad del exterior.
Subred Norte
La Personería realizó visitas administrativas diurnas y nocturnas, donde descubrió que los servicios de urgencias en la Subred Norte que presenta mayor congestión son la USS Simón Bolívar y USS Engativá, con un hacinamiento promedio del 151%.
Esta sobreocupación perjudica los tiempos de espera para consulta de urgencias. Los pacientes pasan más de 170 minutos en las unidades de urgencias sin recibir atención, como es el caso de la USS de Simón Bolívar, seguido por Engativá con 52 minutos y Suba con 43 minutos.
El Ente de Control evidenció que equipos de sutura para realizar diferentes procedimientos no se encontraban disponibles al realizarse la visita. Es el caso de Engativá, los equipos son enviados a esterilización hasta la USS de Usme, perjudicando la atención oportuna a los pacientes.
Se evidenció la falta de medicamentos e insumos y lugares adecuados para su almacenamiento. Su infraestructura no garantiza que estén con las condiciones de temperatura y humedad óptimas para su conservación.
Subred Suroccidente
El Ente de Control evidenció que en la Subred del Suroccidente el servicio de urgencias de la USS Bosa presenta una sobreocupación en promedio del 189% y seguido del Hospital de Kennedy con el 144%.
También, se evidenció que el mayor tiempo de espera correspondiente desde el triage hasta la consulta de urgencias. En una noche en Pablo VI Bosa tienen que esperar 92 minutos, en Tintal 74 minutos y en Fontibón 60 minutos.
El Ente de Control evidenció la falta de medicamentos e insumos y lugares para su almacenamiento, además del deterioro en la infraestrutura de algunos servicios de urgencias, en donde se encontró baños fuera de servicio, humedad en consultorios y la no separación de los diferentes servicios.
Subred Sur
La Personería halló que la USS El Tunal es donde se presenta mayor congestión en el servicio de urgencias con una ocupación del 286%, seguido de Meissen con una ocupación del 215%. Como consecuencia se encontró en ambas instituciones pacientes ubicados en sillas.
Además, se descubrió que el 50% de los pacientes pueden estar más de 3 días en el servicio de urgencias, consecuencia del alto grado de hacinamiento. También se halló faltantes de algunos medicamentos e insumos esenciales para la buena prestación del servicio. Además se encontraron kits de código rojo (carro de paro) vencidos, insumos médicos fuera de servicio o dañados, como el equipo de inmunológia del Tunal.
Subred Centro Oriente
El Ente de Control descubrió que la sobreocupación de los servicios de urgencias de esta Subred es mayor durante el día, donde Santa Clara y la Victoria presentan el mayor hacinamiento con el 131% y 117% respectivamente.
También se evidenció que en algunos servicios de urgencias las normas de bioseguridad no se cumplen, se encontró falta de aseo en los servicios, material biológico, como gasas y algodones en el piso y las canecas para su almacenaje dañadas. La Personería halló algunos equipos fuera de servicio como los electrocardiográfos del Guavio y en Santa Clara la infraestructura del servicio de urgencias se encuentra deteriorada.
La Personería de Bogotá recibió en el primer semestre de 2017, 20.439 solicitudes en el tema de salud. 12.761 orientaciones recibidas a través de la Línea 143 y 7.678 quejas atendidas por PAS, Personería Atención en Salud.
De las quejas de salud, 7.143 (35%) tienen que ver con la demora en las citas médicas, 3.506 (17,1%) con la negativa al suministro de medicamentos, 2.440 (12%) exámenes de diagnóstico, 1.260 (6,1%) tardanza en procedimientos y 1.288 (6,3%) dificultades en las remisiones.
Otros problemas son la negación de servicios o barreras administrativas como la demora en autorizaciones prioritarias, negativa a licencias de maternidad e incapacidad médica, puntaje del Sisben, falta de recursos para asumir las cuentas, habilitación de servicios, suspensión de servicios de seguridad social y falta de atención a población privada de la libertad.
Las EPS con mayor cantidad de requerimientos son: Cafesalud 4.421 (21,6%), Capital Salud 4.100 (20,05%), Salud Total 1.961 (9,5%), Cruz Blanca 1.648 (8,05%), Nueva EPS 1.274 (6,2%). Le siguen con menos quejas Famisanar, Compensar, Sanitas y Coomeva, Médicos Asociados, EPS Unicajas Comfacundi y la Dirección General de Sanidad Militar, entre otros.
Hospitales
En cuanto a IPS u hospitales se recibieron 312 quejas a través de la Línea 143. Las que tienen mayor cantidad de solicitudes tienen que ver con centros de atención del Distrito como el Hospital de Kennedy 33, Hospital El Tunal 16, le siguen los hospitales Santa Clara, Engativá, Simón Bolívar, Suba, La Victoria, Fontibón y Hospital Meissen.
La Personería de Bogotá citó a audiencia pública para el próximo 26 de julio y formuló cargos contra el exgerente encargado de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), Nicolás Corso Salamanca y el exdirector Técnico de esa entidad, Mario Avellaneda Gonzalez por presuntas irregularidades en la compra de un inmueble por más de $8.000 millones y su adecuación por $7.000 millones.
En el edifico de ocho pisos de oficinas, ubicado en la Carrera 10 N° 18-15, antigua Universidad Gran Colombia, se pretendía adecuar 64 apartamentos de áreas entre los 35 y 55 metros cuadrados, como proyecto de reposición de vivienda, pero se terminó aprovechando sólo 24 apartamentos y ocupando únicamente tres pisos del inmueble para albergar hogares.
El costo inicial, en 2015, era de $9.237 millones para la compra del edificio, cambio de uso, la adecuación de 64 apartamentos y un local para las Oficinas del ERU y Metrovivienda. Sin embargo, el costo finalmente subió en seis mil millones más de lo previsto, por el inadvertido incremento del número y valor de las adecuaciones.
De acuerdo con la investigación, a Nicolás Corso Salamanca, como Gerente encargado en 2015, se le cuestiona su presunta responsabilidad en la compra del inmueble sin tener en cuenta estudios técnicos serios para determinar el estado físico y estructural del edificio. Además, por no contar con un censo real de los vinculados al proyecto e interesados en la reubicación.
En cuanto a Mario Avellaneda Gonzales, Director Técnico de ERU en 2015, el Ministerio Público Distrital encontró que, al parecer, en ejercicio de sus funciones no realizó la revisión e inspección pormenorizado del inmueble para determinar el estado físico y estructural previo a su compra.
El ente de control evidenció que en la adquisición y posterior adecuación del predio se habrían desconocido y vulnerado los principios de moralidad, eficiencia, economía y celeridad en la gestión pública.