• El lunes 18 de septiembre se reanudan sesiones del Comité Distrital.
• El Comité investiga, analiza, denuncia, plantea soluciones y asesora víctimas de vulneraciones de derechos humanos.
• Organizaciones sociales, entidades distritales y nacionales lo integran.

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar instalará el Comité Distrital de Defensa, Protección y Promoción de Derechos Humanos de Bogotá, el lunes 18 de septiembre a las dos de la tarde, como un espacio de participación y análisis de los principales problemas en materia de derechos fundamentales de la ciudad.

El Comité es un organismo asesor de la Personería conformado por representantes de 25 sectores: jerarquía eclesiástica, demás iglesias reconocidas por el Estado, Federación Comunal, federaciones sindicales, organizaciones de derechos humanos, de la mujer y de la juventud.

Además, de un representante del Alcalde Mayor, comunidades indígenas, directores de establecimientos educativos, organizaciones gremiales de educadores, sector deportivo, pensionados, Fiscalía General de la Nación, establecimientos de salud del Distrito, participación comunitaria, sector de la cultura, rectores de universidades, centro de investigación social, desplazados por la violencia, desaparecidos y los Comandantes de la Policía Metropolitana y la Institución Militar con jurisdicción distrital.

El Comité Distrital tiene como objetivo analizar las principales problemáticas en materia de derechos humanos para plantear políticas, realizar campañas de educación sobre el tema; así como apoyar a la Personería en la denuncia e investigación por violaciones a los derechos fundamentales y asesorar a las víctimas, entre otras.

La integración del Comité se realizó a través de un proceso de convocatoria abierta, dando como resultado la elección de 21 representantes de organizaciones sociales y no gubernamentales, para el periodo 2017 – 2020.

• Al parecer, fueron negligentes en el suministro oportuno de medicamentos al Hospital El Tunal, hecho que pudo ser la causa del deceso de una paciente.
• Se les inició proceso verbal y fueron citadas a audiencia pública para que presente versión libre y descargos.

La Personería de Bogotá suspendió de manera provisional del cargo a la gerente y la subgerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, Claudia Helena Prieto Vanegas y Jeannette Pava Laguna, respectivamente, por presuntas irregularidades que afectaron la atención brindada en el Hospital El Tunal a la señora Yuliana Rojas, quien falleció en mayo de 2017.

Al mismo tiempo, a las servidoras se le inició un proceso verbal, formuló cargos y citó a audiencia pública, el 11 de octubre 2017, para que rindan versión libre y descargos.

Las dos directivas, al parecer, fueron negligentes al no proveer los medicamentos indispensables para el correcto funcionamiento del Hospital (denominado Unidad de Servicios de Salud Tunal Nivel III), especialmente en los inventarios de farmacia, pues no se encontraba allí el medicamento Sulfato de Magnesio, hecho que no permitió suministrarlo oportunamente a la paciente, y que pudo ser la causa de su deceso.

La medida preventiva busca evitar que la permanencia de las funcionarias en el cargo, posibilite la reiteración de la conducta supuestamente irregular; lo que se busca conjurar con la medida, es que continúe la carencia de los medicamentos esenciales en la Unidad de Atención de Salud Tunal y en otras unidades, sumado a la falta de gestión en su resolución.

Además de la Unidad de Servicio de Salud del Tunal, la Subred del Sur está integrada por la de Vista Hermosa, Nazareth, Tunjuelito, Usme y Meissen.

Cargos

A las servidoras se les cuestiona su presunta falta de dirección y no estar atentas a la existencia de los medicamentos en la farmacia del Tunal, y en concreto el Sulfato de Magnesio, para procurar la integralidad del buen servicio a la paciente Yuliana Rojas.

La grave situación está transcrita en el parte médico encontrado por la Personería: “paciente quien tiene indicación de sulfato de magnesio, sin embargo no se ha administrado por no disponibilidad en la institución”.

La falta fue calificada como gravísima, al omitir, presuntamente, o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones de su cargo, situación que permite que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud humana.

La medida preventiva busca evitar que la permanencia de las funcionarias en el cargo, posibilite la reiteración de la conducta supuestamente irregular; lo que se busca conjurar con la medida, es que continúe la carencia de los medicamentos esenciales en la Unidad de Atención de Salud Tunal y en otras unidades, sumado a la falta de gestión en su resolución.

• En Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Engativá y Kennedy se encontraron problemas en contratos de obra. Copia de procesos se enviarán a la Fiscalía.
• Hubo contrataciones, presuntamente, sin estudios previos o amañados, todas en los últimos días de diciembre de 2016.
• Estas anomalías se unen a las encontradas en 9 localidades más.

La Personería de Bogotá inició cinco indagaciones preliminares por irregularidades detectadas en contratos de obra pública, por más de $46.452 millones, en las alcaldías locales actuales de Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Engativá y Kennedy.

Las averiguaciones se suman a las iniciadas en Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, Barrios Unidos, Fontibón, Usaquén y Bosa. En Suba formularon cargos por presuntas anomalías en contratación de repuestos y gasolina de vehículos, y en La Candelaria por funcionamiento irregular de parqueaderos.

De acuerdo con el informe, se encontraron presuntos fraccionamientos de contratos, estudios y anticipos irregulares, falta de planeación, entre otros. Los hallazgos serán enviados a la Fiscalía General de la Nación.

Kennedy

La Alcaldía proyectó contratar la rehabilitación, mantenimiento y/o reconstrucción de la malla vial en diciembre de 2016. Para tal fin realizó dos procesos licitatorios, con diferencia de cinco días. En uno contrató la rehabilitación por $10.923 millones, el 22 de diciembre, y en el otro, el mantenimiento por $11.396 millones, el 27 de diciembre.

Además, incluyó en el primer contrato el estudio y diseño de la obra, y en el otro el diagnóstico, situaciones que evidencian un presunto “fraccionamiento o división artificial de contratos”, pues los dos procesos tienen un objeto similar.

Después, realizó un solo proceso para adjudicar la interventoría de los dos contratos de malla vial, por $2.120 millones y le agregó la obligación de realizar esa labor en cinco contratos más de obra pública, hecho que se podría considerar como una violación a los principios de planeación, vulneración a la participación plural de otras firmas y la selección objetiva, al entregar ese deber a una sola empresa.

Ciudad Bolívar

La Personería encontró tres contratos: uno del 29 de diciembre de 2016, por $10.200 millones para el mantenimiento vial, su interventoría por $1.019 millones, otro para el suministro de mezcla asfáltica de $1.450 millones y uno más por $253 millones para 17 conductores de maquinaria amarilla. Según el informe, hubo un presunto “fraccionamiento”, pues se desagregaron obligaciones como mantenimiento, construcción y mezcla asfáltica que podían ser integrados en un solo proceso. 
En la licitación de mantenimiento de la malla vial se exigió como requisito a los interesados la disponibilidad de maquinaria y de planta asfáltica, cuando la Alcaldía tiene contratado el suministro del material y cuenta con equipos.

La localidad pagó un anticipo de $3.000 millones, recursos con los que el contratista debía constituir una fiducia, invertir en el Plan de Manejo del Anticipo y tener deducciones mensuales del avance de la obra, aprobados por el interventor. No hay evidencia que soporte el seguimiento o cumplimiento del contrato.

Usme

La Alcaldía, el 28 de diciembre de 2016, contrató las obras de espacio público, por $3.168 millones, en los barrios Fiscala sector Fortuna, Yopal, Pedregal y San Juan. La Personería encontró presuntas irregularidades por falta de estudios previos serios, posible direccionamiento y vulneración al principio de planeación.

En la localidad, al parecer, la invitación pública limitó la participación plural de oferentes, al establecer unos requisitos cerrados con unas condiciones financieras desproporcionadas.

A los interesados en el contrato les exigieron una experiencia solo con entidades públicas, desechando la experiencia con el sector privado. Indicaron que no contratarían la elaboración de estudios y diseños de la obra, pero requirieron tener esa experiencia. Además, se evidenció un presunto favorecimiento al habilitar profesionales sin licencia vigente. Pasados cuatro meses de inicio de la obra, no se encontraron los informes mensuales de avance, ni de inversión del anticipo del 20%.

Chapinero

El 7 de diciembre de 2016, la Alcaldía contrató el diagnóstico, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial y espacio público local por $4.831 millones, al parecer, sin un estudio previo serio y sin planeación, al punto que habría una doble contratación al intervenir 9 segmentos viales, ya arreglados en vigencias anteriores.

De acuerdo con el informe, pidieron que certificaran una experiencia en la construcción de obras con un valor del 200% de lo ofertado en la licitación, y que demostraran una experiencia en construcciones y/o mantenimiento de obras de espacio público, que incluyan redes de acueducto y alcantarillado en área urbana. Eso significa que habría un pliego de condiciones, presuntamente, con requisitos desproporcionados e inequitativos y de difícil alcance para los proponentes.

Los interesados en participar presentaron observaciones durante el proceso, pero las condiciones no fueron modificadas, lo que conllevó a que de seis oferentes, sólo fuera habilitado uno, el ganador, lo que podría implicar un favorecimiento a terceros.

Engativá

La Alcaldía, el 27 de diciembre de 2016, contrató la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la malla vial de la localidad, por $1.092 millones y estableció que harán parte integral del documento los estudios previos, el anexo técnico, el pliego de condiciones, adendas y la propuesta presentada, entre otros.

Sin embargo, sin estar en el anexo técnico ni pliego de condiciones u otro documento se indicó que solo se priorizaran seis vías para intervenir, tramos que al parecer ya habían sido arreglados. No se precisó el origen de los estudios, presuntamente no se tenían, teniendo en cuenta que los contratados en 2014, aún no han sido entregados.

Además, los valores unitarios que tomó la Alcaldía para elaborar el presupuesto oficial, al parecer, fueron muy altos, generando un posible sobrecosto y direccionamiento del contrato, lo que motivó muchas observaciones y aclaraciones.

La debida acreditación de la experiencia y el recurso humano mínimo no se cumplieron, pese a que tuvieron tiempo de subsanarlo, situación que eran requisitos habilitantes para concursar. Por esos incumplimientos la Alcaldía debería haber declarado desierta la licitación, pero nunca se pronunció. Para completar, el contratista no entregó, antes de suscribir el acta de inicio, las hojas de vida del personal y el cronograma de ejecución, ni se evidenció ningún documento del avance o ejecución contrato.

• Por solicitud del investigado el proceso fue interrumpido. La razón, la grave situación de salud del mandatario.
• Alcaldía Local entregó anticipo de $7.294 millones, pese a que en la licitación estableció que no lo haría.
• En pliego de condiciones, al parecer, exigió condiciones que limitaron participación de firmas interesadas en el proceso licitatorio.

La Personería de Bogotá citó a audiencia pública y formuló cargos contra el alcalde de Barrios Unidos, Zico Antonio Suárez Suárez por presuntas irregularidades en un contrato para el mejoramiento, mantenimiento y/o reconstrucción de la malla vial y espacio público por más de $14.402 millones.

El mandatario local, al parecer, estableció en el pliego de condiciones unas exigencias que limitaron la participación de los interesados y, presuntamente, pactó un anticipo de $7.294 millones, el 50% del contrato, en contravía de lo establecido en la licitación.

El investigado solicitó el aplazamiento de la audiencia de descargos y la continuación del proceso, certificando su grave situación de salud. Ante el hecho, el ente de control procedió a interrumpir el proceso verbal, con el fin que preservar sus derechos.

Cargos

El contrato fue adjudicado el 27 de octubre de 2016, pero el 12 de diciembre de 2016, antes del inicio de la ejecución la obra, el alcalde pactó un Otrosi modificando una cláusula del contrato para pagar un anticipo del 50% de su valor, a pesar de que el pliego de condiciones de licitación estableció que los interesados en el contrato no tendrían anticipos de recursos.

Con la decisión del mandatario, la Alcaldía entregó al contratista $7.294 millones, sin haber siquiera iniciado la ejecución del contrato, cuando durante el proceso licitatorio advirtió que no daría adelantos de recursos al ganador, tal como lo establecían los indicadores financieros y la matriz de riesgo del pliego de condiciones.

Durante la licitación el mandatario local, al parecer, en el pliego de condiciones limitó la participación en el proceso, al establecer que los interesados debían ser propietarios de los equipos y tener disponibilidad de una planta de asfalto, requisitos desbordados que no eran garantía del cumplimiento del contrato o una condición que pusieran en riesgo su ejecución.

• También se investiga al auxiliar administrativo de la localidad.
• Luego de dar de baja unos vehículos les aparecieron reparaciones y suministro de combustible. 
• Presuntamente eludieron el principio de planeación al abrir licitación pública con estudios previos incompletos.

La Personería de Bogotá citó a audiencia pública y formuló cargos contra los exalcaldes de Suba, Miguel Antonio Cortés Garavito (encargado) y Marisol Perilla Gómez, así como contra el auxiliar administrativo, José Humberto Pérez Lozano, por presuntas irregularidades en contratos de suministro de combustible y reparación de vehículos de esa entidad.

El ente de control encontró que unos vehículos, pese a estar dados de baja, les aparecen reparaciones y suministro de combustible varias veces, desde el 3 de marzo al 30 de diciembre de 2015, (camionetas Rodeo placa OBE929 y Luv doble cabina OIL039). También una camioneta Land Crusier la reportan tanqueada en un mismo día con gasolina y diésel.

Cargos

De acuerdo con la investigación Miguel Antonio Cortés Garavito, exalcalde encargado de Suba, quien se desempeñó del 31 diciembre de 2015 a enero 17 de 2016, al parecer, dio recibido a satisfacción y orden de pago a las facturas de suministro de combustibles a vehículos dados de baja.

A Marisol Perilla, ex alcaldesa local de Suba se le cuestiona el hecho de eludir el principio de planeación al abrir licitación pública para el suministro de combustibles y mantenimiento de vehículos, presuntamente, con estudios previos incompletos.

Indica la averiguación que, al parecer, se seleccionó una firma para la ejecución del contrato, sin que esta cumpliera con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, como el requisito habilitante de buenas prácticas ambientales.

El ente de control evidenció que la exalcaldesa de Suba, presuntamente desconoció los principios de moralidad y responsabilidad al no vigilar la correcta ejecución de dos contratos de 2014, al permitir el suministro de combustible y mantenimiento de vehículos dados de baja por esa entidad.

A José Humberto Pérez Lozano, auxiliar administrativo y supervisor de apoyo del contrato, al parecer, no cumplió a cabalidad con su obligación laboral al dar la entera satisfacción al objeto del contrato y la orden de pago a las facturas de suministro de combustibles de vehículos dados de baja.

El organismo de control evidenció que en los contratos de mantenimiento y suministro de combustibles se habrían desconocido y vulnerado los principios de moralidad, eficiencia, economía y celeridad en la gestión pública.

• Exigió dinero a un ciudadano para conseguirle títulos universitarios a dos hermanos.
• En el ejercicio de su cargo vulneró el principio de moralidad y no actuó con honestidad y rectitud.

La Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por diez años, en primera instancia, al edil de Kennedy, Mariano Chalarca Santa por exigir a un ciudadano $28 millones para conseguirle títulos universitarios a sus dos hijos.

La persona afectada, después de dos años, al no ver los títulos universitarios ofrecidos por el edil le pidió la devolución del dinero que le había entregado, con los intereses causados y lo presentó la queja al Ministerio Público Distrital.

Según la investigación, el actual servidor recibió un anticipo de $1.600.000 en la oficina de la Junta Administradora Local, en marzo de 2014. Dos entregas de dinero, adicionales, por $4.000.000 millones se efectuaron en el mismo lugar en julio y septiembre del mismo año.

La averiguación evidenció que Chalarca cometió una falta gravísima, a título de dolo, al tener plena conciencia de la conducta realizada. “Abusando de su cargo de edil de la Localidad de Kennedy solicitó dinero al ciudadano José Raúl Bonilla, con el objeto de conseguirle los títulos académicos de sus hijos”, dice el fallo disciplinario.

El ente de control determinó, que el edil Mariano Chalarca en el ejercicio de su cargo vulneró el principio de moralidad como servidor público, al no tener un comportamiento honesto y pulcro.

Contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación, el cual será resuelto por la Personera de Bogotá, en segunda instancia.

• Salud de los habitantes de la zona se ve afectada por la proliferación de malos olores e insectos.

Ante las irregularidades del operador en el manejo del Relleno Doña Juana, que tienen al sector en medio de una grave situación ambiental, sin que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) haya tomado medidas reales para atender la crisis, la Personería de Bogotá inició una averiguación disciplinaria para determinar los responsables.

Al mismo tiempo, remitió a la Procuraduría General de la Nación el informe para que indague la actuación de la Corporación Autónoma Regional (CAR) que no ha aplicado las sanciones por los diferentes incumplimientos ambientales en el manejo del lugar.

En la actualidad la comunidad aledaña al Relleno tiene que soportar una nube de moscas y olores nauseabundos las 24 horas del día, por cuenta de los incumplimientos del operador de Doña Juana en el manejo del lugar.

De acuerdo con el informe de la Personería, las quejas y reclamos de los afectados por el mal funcionamiento del Relleno aumentaron desmesuradamente, mientras que las condiciones ambientales desmejoraron, pese a las advertencias del ente del control.

El contrato establece que el concesionario debe cubrir mínimo el 90% de las basuras que llegan al Relleno, obligación que no se está cumpliendo. El operador debe sembrar 10 mil árboles para compensar y mitigar el daño ambiental, pero no han plantado ni el 10%. La restricción ambiental, establecida en las normas que indica que el Relleno debería estar como mínimo a mil metros de grupos poblacionales tampoco se cumple.

La planta de tratamiento de lixiviados (líquidos de la basura) no tiene la capacidad para procesar el volumen que generan los desechos que son depositados en el Relleno, generando vertimiento de líquidos tóxicos al río Tunjuelo, sin permiso de la autoridad ambiental, en el Tramo II.

Estos son solo algunos de los incumplimientos que generaron la decisión de iniciar la averiguación disciplinaria.