• Secretaría de Ambiente no ejerce un adecuado seguimiento a publicidad exterior visual “tipo vitrina”.
• Uno de ellos, omitió sellamiento preventivo y ocultó los sellos. Otros volvieron a fijar elementos irregulares.
• Este tipo de avisos genera una alta contaminación visual.

La Personería de Bogotá encontró que la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) no realiza, en la ciudad, un adecuado seguimiento y control de la publicidad exterior visual “tipo vitrina” no regulada por la norma.

Pese a que la SDA, a mediados de julio de 2017, selló una de ellas, e inició proceso sancionatorio a seis infractores que instalaron elementos publicitarios irregulares, tres de ellos desconocieron la decisión, fijando nuevamente los elementos, mientras que uno ocultó los avisos de sellamiento.

Según las autoridades distritales este modelo específico de publicidad genera una alta contaminación visual, además de ir en contravía del interés público y a lo establecido en el Decreto 959 de 2000, que determina los requisitos técnicos que regulan esta actividad en la ciudad. Este tipo de publicidad no tiene autorización, permiso ni registro de la SDA.

En inspección ocular, la Personería determinó que en las siguientes direcciones: carrera 15 # 86A; carrera 11 # 89-41; avenida Calle 26 # 73-04; y avenida Calle 24 # 68B-85, ubicados en el norte y occidente de Bogotá, se omitieron y desafiaron la autoridad ambiental competente.

Según el informe, se identificó que a pesar de que la Secretaría inició un proceso sancionatorio en cada uno de los elementos, estos lo desacataron, sin que la autoridad ambiental haya realizado alguna acción de control oportuna.

Ante esta situación, la Personería instó a la Secretaría de Ambiente a programar una nueva visita técnica a seis establecimientos, con el fin de verificar la actividad de publicidad, y de ser el caso, imponer las medidas preventivas correspondientes por flagrancia.

De igual manera, hace un llamado para que la autoridad ambiental haga cumplir la normativa en materia de publicidad visual exterior, con un monitoreo y control exhaustivo en las 20 localidades de la ciudad.

En contravía de las normas contrataron directamente un servicio que debieron hacer por convocatoria pública.

A través de un convenio de asociación por más de $96 millones, vulneraron los principios de contratación.

La Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por diez años al exdirector del Instituto de Economía Social (IPES), Armando Aljure Ulloa y a la exsubdirectora Jurídica de esa entidad, Sandra Victoria Vargas Castillo por irregularidades en contratación relacionadas con un convenio de asociación por más de $96 millones.

La investigación determinó que los exfuncionarios firmaron un convenio de asociación con la Fundación Construyendo Nación, en cambio de realizar una convocatoria pública para escoger la mejor oferta para el suministro de insumos y el fortalecimiento comercial y financiero de vendedores informales. Para el convenio de asociación el IPES aportó cerca de $88 millones y la firma privada $8.7 millones, con un plazo de ejecución de tres meses.

De acuerdo con el fallo, el director del Instituto suscribió el contrato sin verificar que el objeto del contrato y sus obligaciones no están acordes a los parámetros legales establecidos para realizar los convenios de asociación con entidades privadas, sin ánimo lucro.

En cuanto a Sandra Victoria Vargas Castillo, exsubdirectora Jurídica dio la aprobación de la minuta del mencionado convenio, sin tener en cuenta que el objeto y las obligaciones contractuales constituían un contrato de suministro que debió celebrarse por las normas del estatuto de contractual.

Según la decisión de segunda instancia, con la firma del convenio se eludieron los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva de la contratación estatal, además se desconocieron otros mecanismos legales para escoger la mejor propuesta contractual.

• El lunes 18 de septiembre se reanudan sesiones del Comité Distrital.
• El Comité investiga, analiza, denuncia, plantea soluciones y asesora víctimas de vulneraciones de derechos humanos.
• Organizaciones sociales, entidades distritales y nacionales lo integran.

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar instalará el Comité Distrital de Defensa, Protección y Promoción de Derechos Humanos de Bogotá, el lunes 18 de septiembre a las dos de la tarde, como un espacio de participación y análisis de los principales problemas en materia de derechos fundamentales de la ciudad.

El Comité es un organismo asesor de la Personería conformado por representantes de 25 sectores: jerarquía eclesiástica, demás iglesias reconocidas por el Estado, Federación Comunal, federaciones sindicales, organizaciones de derechos humanos, de la mujer y de la juventud.

Además, de un representante del Alcalde Mayor, comunidades indígenas, directores de establecimientos educativos, organizaciones gremiales de educadores, sector deportivo, pensionados, Fiscalía General de la Nación, establecimientos de salud del Distrito, participación comunitaria, sector de la cultura, rectores de universidades, centro de investigación social, desplazados por la violencia, desaparecidos y los Comandantes de la Policía Metropolitana y la Institución Militar con jurisdicción distrital.

El Comité Distrital tiene como objetivo analizar las principales problemáticas en materia de derechos humanos para plantear políticas, realizar campañas de educación sobre el tema; así como apoyar a la Personería en la denuncia e investigación por violaciones a los derechos fundamentales y asesorar a las víctimas, entre otras.

La integración del Comité se realizó a través de un proceso de convocatoria abierta, dando como resultado la elección de 21 representantes de organizaciones sociales y no gubernamentales, para el periodo 2017 – 2020.

• Al parecer, fueron negligentes en el suministro oportuno de medicamentos al Hospital El Tunal, hecho que pudo ser la causa del deceso de una paciente.
• Se les inició proceso verbal y fueron citadas a audiencia pública para que presente versión libre y descargos.

La Personería de Bogotá suspendió de manera provisional del cargo a la gerente y la subgerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, Claudia Helena Prieto Vanegas y Jeannette Pava Laguna, respectivamente, por presuntas irregularidades que afectaron la atención brindada en el Hospital El Tunal a la señora Yuliana Rojas, quien falleció en mayo de 2017.

Al mismo tiempo, a las servidoras se le inició un proceso verbal, formuló cargos y citó a audiencia pública, el 11 de octubre 2017, para que rindan versión libre y descargos.

Las dos directivas, al parecer, fueron negligentes al no proveer los medicamentos indispensables para el correcto funcionamiento del Hospital (denominado Unidad de Servicios de Salud Tunal Nivel III), especialmente en los inventarios de farmacia, pues no se encontraba allí el medicamento Sulfato de Magnesio, hecho que no permitió suministrarlo oportunamente a la paciente, y que pudo ser la causa de su deceso.

La medida preventiva busca evitar que la permanencia de las funcionarias en el cargo, posibilite la reiteración de la conducta supuestamente irregular; lo que se busca conjurar con la medida, es que continúe la carencia de los medicamentos esenciales en la Unidad de Atención de Salud Tunal y en otras unidades, sumado a la falta de gestión en su resolución.

Además de la Unidad de Servicio de Salud del Tunal, la Subred del Sur está integrada por la de Vista Hermosa, Nazareth, Tunjuelito, Usme y Meissen.

Cargos

A las servidoras se les cuestiona su presunta falta de dirección y no estar atentas a la existencia de los medicamentos en la farmacia del Tunal, y en concreto el Sulfato de Magnesio, para procurar la integralidad del buen servicio a la paciente Yuliana Rojas.

La grave situación está transcrita en el parte médico encontrado por la Personería: “paciente quien tiene indicación de sulfato de magnesio, sin embargo no se ha administrado por no disponibilidad en la institución”.

La falta fue calificada como gravísima, al omitir, presuntamente, o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones de su cargo, situación que permite que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud humana.

La medida preventiva busca evitar que la permanencia de las funcionarias en el cargo, posibilite la reiteración de la conducta supuestamente irregular; lo que se busca conjurar con la medida, es que continúe la carencia de los medicamentos esenciales en la Unidad de Atención de Salud Tunal y en otras unidades, sumado a la falta de gestión en su resolución.

• En Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Engativá y Kennedy se encontraron problemas en contratos de obra. Copia de procesos se enviarán a la Fiscalía.
• Hubo contrataciones, presuntamente, sin estudios previos o amañados, todas en los últimos días de diciembre de 2016.
• Estas anomalías se unen a las encontradas en 9 localidades más.

La Personería de Bogotá inició cinco indagaciones preliminares por irregularidades detectadas en contratos de obra pública, por más de $46.452 millones, en las alcaldías locales actuales de Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Engativá y Kennedy.

Las averiguaciones se suman a las iniciadas en Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, Barrios Unidos, Fontibón, Usaquén y Bosa. En Suba formularon cargos por presuntas anomalías en contratación de repuestos y gasolina de vehículos, y en La Candelaria por funcionamiento irregular de parqueaderos.

De acuerdo con el informe, se encontraron presuntos fraccionamientos de contratos, estudios y anticipos irregulares, falta de planeación, entre otros. Los hallazgos serán enviados a la Fiscalía General de la Nación.

Kennedy

La Alcaldía proyectó contratar la rehabilitación, mantenimiento y/o reconstrucción de la malla vial en diciembre de 2016. Para tal fin realizó dos procesos licitatorios, con diferencia de cinco días. En uno contrató la rehabilitación por $10.923 millones, el 22 de diciembre, y en el otro, el mantenimiento por $11.396 millones, el 27 de diciembre.

Además, incluyó en el primer contrato el estudio y diseño de la obra, y en el otro el diagnóstico, situaciones que evidencian un presunto “fraccionamiento o división artificial de contratos”, pues los dos procesos tienen un objeto similar.

Después, realizó un solo proceso para adjudicar la interventoría de los dos contratos de malla vial, por $2.120 millones y le agregó la obligación de realizar esa labor en cinco contratos más de obra pública, hecho que se podría considerar como una violación a los principios de planeación, vulneración a la participación plural de otras firmas y la selección objetiva, al entregar ese deber a una sola empresa.

Ciudad Bolívar

La Personería encontró tres contratos: uno del 29 de diciembre de 2016, por $10.200 millones para el mantenimiento vial, su interventoría por $1.019 millones, otro para el suministro de mezcla asfáltica de $1.450 millones y uno más por $253 millones para 17 conductores de maquinaria amarilla. Según el informe, hubo un presunto “fraccionamiento”, pues se desagregaron obligaciones como mantenimiento, construcción y mezcla asfáltica que podían ser integrados en un solo proceso. 
En la licitación de mantenimiento de la malla vial se exigió como requisito a los interesados la disponibilidad de maquinaria y de planta asfáltica, cuando la Alcaldía tiene contratado el suministro del material y cuenta con equipos.

La localidad pagó un anticipo de $3.000 millones, recursos con los que el contratista debía constituir una fiducia, invertir en el Plan de Manejo del Anticipo y tener deducciones mensuales del avance de la obra, aprobados por el interventor. No hay evidencia que soporte el seguimiento o cumplimiento del contrato.

Usme

La Alcaldía, el 28 de diciembre de 2016, contrató las obras de espacio público, por $3.168 millones, en los barrios Fiscala sector Fortuna, Yopal, Pedregal y San Juan. La Personería encontró presuntas irregularidades por falta de estudios previos serios, posible direccionamiento y vulneración al principio de planeación.

En la localidad, al parecer, la invitación pública limitó la participación plural de oferentes, al establecer unos requisitos cerrados con unas condiciones financieras desproporcionadas.

A los interesados en el contrato les exigieron una experiencia solo con entidades públicas, desechando la experiencia con el sector privado. Indicaron que no contratarían la elaboración de estudios y diseños de la obra, pero requirieron tener esa experiencia. Además, se evidenció un presunto favorecimiento al habilitar profesionales sin licencia vigente. Pasados cuatro meses de inicio de la obra, no se encontraron los informes mensuales de avance, ni de inversión del anticipo del 20%.

Chapinero

El 7 de diciembre de 2016, la Alcaldía contrató el diagnóstico, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial y espacio público local por $4.831 millones, al parecer, sin un estudio previo serio y sin planeación, al punto que habría una doble contratación al intervenir 9 segmentos viales, ya arreglados en vigencias anteriores.

De acuerdo con el informe, pidieron que certificaran una experiencia en la construcción de obras con un valor del 200% de lo ofertado en la licitación, y que demostraran una experiencia en construcciones y/o mantenimiento de obras de espacio público, que incluyan redes de acueducto y alcantarillado en área urbana. Eso significa que habría un pliego de condiciones, presuntamente, con requisitos desproporcionados e inequitativos y de difícil alcance para los proponentes.

Los interesados en participar presentaron observaciones durante el proceso, pero las condiciones no fueron modificadas, lo que conllevó a que de seis oferentes, sólo fuera habilitado uno, el ganador, lo que podría implicar un favorecimiento a terceros.

Engativá

La Alcaldía, el 27 de diciembre de 2016, contrató la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la malla vial de la localidad, por $1.092 millones y estableció que harán parte integral del documento los estudios previos, el anexo técnico, el pliego de condiciones, adendas y la propuesta presentada, entre otros.

Sin embargo, sin estar en el anexo técnico ni pliego de condiciones u otro documento se indicó que solo se priorizaran seis vías para intervenir, tramos que al parecer ya habían sido arreglados. No se precisó el origen de los estudios, presuntamente no se tenían, teniendo en cuenta que los contratados en 2014, aún no han sido entregados.

Además, los valores unitarios que tomó la Alcaldía para elaborar el presupuesto oficial, al parecer, fueron muy altos, generando un posible sobrecosto y direccionamiento del contrato, lo que motivó muchas observaciones y aclaraciones.

La debida acreditación de la experiencia y el recurso humano mínimo no se cumplieron, pese a que tuvieron tiempo de subsanarlo, situación que eran requisitos habilitantes para concursar. Por esos incumplimientos la Alcaldía debería haber declarado desierta la licitación, pero nunca se pronunció. Para completar, el contratista no entregó, antes de suscribir el acta de inicio, las hojas de vida del personal y el cronograma de ejecución, ni se evidenció ningún documento del avance o ejecución contrato.

• Por solicitud del investigado el proceso fue interrumpido. La razón, la grave situación de salud del mandatario.
• Alcaldía Local entregó anticipo de $7.294 millones, pese a que en la licitación estableció que no lo haría.
• En pliego de condiciones, al parecer, exigió condiciones que limitaron participación de firmas interesadas en el proceso licitatorio.

La Personería de Bogotá citó a audiencia pública y formuló cargos contra el alcalde de Barrios Unidos, Zico Antonio Suárez Suárez por presuntas irregularidades en un contrato para el mejoramiento, mantenimiento y/o reconstrucción de la malla vial y espacio público por más de $14.402 millones.

El mandatario local, al parecer, estableció en el pliego de condiciones unas exigencias que limitaron la participación de los interesados y, presuntamente, pactó un anticipo de $7.294 millones, el 50% del contrato, en contravía de lo establecido en la licitación.

El investigado solicitó el aplazamiento de la audiencia de descargos y la continuación del proceso, certificando su grave situación de salud. Ante el hecho, el ente de control procedió a interrumpir el proceso verbal, con el fin que preservar sus derechos.

Cargos

El contrato fue adjudicado el 27 de octubre de 2016, pero el 12 de diciembre de 2016, antes del inicio de la ejecución la obra, el alcalde pactó un Otrosi modificando una cláusula del contrato para pagar un anticipo del 50% de su valor, a pesar de que el pliego de condiciones de licitación estableció que los interesados en el contrato no tendrían anticipos de recursos.

Con la decisión del mandatario, la Alcaldía entregó al contratista $7.294 millones, sin haber siquiera iniciado la ejecución del contrato, cuando durante el proceso licitatorio advirtió que no daría adelantos de recursos al ganador, tal como lo establecían los indicadores financieros y la matriz de riesgo del pliego de condiciones.

Durante la licitación el mandatario local, al parecer, en el pliego de condiciones limitó la participación en el proceso, al establecer que los interesados debían ser propietarios de los equipos y tener disponibilidad de una planta de asfalto, requisitos desbordados que no eran garantía del cumplimiento del contrato o una condición que pusieran en riesgo su ejecución.