• El Personero, Danilo Vega Arévalo, pide al Inpec medidas inmediatas para evitar lesiones físicas irremediables o muertes en internos por falta de atención en salud.
• Detenidos de La Picota, La Modelo y El Buen Pastor están sin EPS.
• En el Distrito, el servicio que prestaba Caprecom aún no ha sido asignado realmente a nadie. Mientras tanto, Inpec contrató a Fiduprevisora, que escasamente atiende casos menores.
• Paciente con epilepsia y medio cuerpo paralizado, no tiene medicamentos, ni tratamiento ni atención desde hace más de dos años.

Pese a que Luis Enrique Charry Sáenz, de 53 años de edad, con detención domiciliaria, ganó tres tutelas, todas las autorizaciones de medicina y tratamiento de Caprecom para la atención integral de la epilepsia que padece y la rehabilitación de la parálisis parcial derecha de su cuerpo, no recibe ningún servicio de salud, primero porque su EPS oficial no tenía contrato o no pagaba a ninguna IPS y ahora, porque están liquidando a Caprecom.

La Personería de Bogotá determinó que, como Luis Enrique, hay 15.193 internos de las cárceles de La Picota (8.465), La Modelo (4.883) y El Buen Pastor (1.845) que se encuentran sin atención real de salud.

De acuerdo con las quejas de los familiares de los internos, el Inpec con Fiduprevisora, escasamente cubre algunos casos de atención primaria, pero para procedimientos quirúrgicos, exámenes, medicamentos, citas con especialistas y en general tratamientos, nadie responde.

En una visita a la Cárcel Modelo, la subdirección del penal informó que no existe suministro de medicamentos para los internos, no se han dado autorizaciones para procedimientos con especialistas, no hay cirugías programadas y la Previsora no ha enviado el personal completo para brindar la atención requerida.

Ante la situación, el Personero de Bogotá, Danilo Vega Arévalo, solicitó al Inpec que tome todas las medidas necesarias para que los internos tengan el servicio de salud y se eviten graves secuelas o muertes por falta de atención en salud. El ente de control a través de sus agentes de Ministerio Público desde hace varias semanas advirtió en cada uno de los centro de reclusión, la grave situación.

En teoría en Bogotá, la EPS Capital Salud asumiría la mayor parte de los internos; embargo, al parecer no se ha suscrito ningún convenio para que ésta brinde dicha atención.

Entre tanto, la familia de Luis Enrique Charry tiene que hacer todos los meses rifas para tratar de cubrir parte de los medicamentos que cuestan más de tres millones de pesos mensuales; un hermano suyo, en los últimos dos años, ha pagado de su bolsillo cerca de 45 millones de pesos, a costa de privar a sus hijos de la educación superior.

Luis Enrique convulsiona hasta ocho veces al día, mientras es cuidado por su sobrino de cinco años. Debido a sus convulsiones presenta golpes en todo su cuerpo, daños en su dentadura y pese a que tiene autorizaciones para reconstruirla, recibir los medicamentos y todo el tratamiento, no le entregan en materia de salud ni un vaso de agua.

Para completar, Luis Enrique ni siquiera puede articular palabras en forma normal y tiene que darle la comida en forma líquida, sin contar que no ha recibido la primera terapia para intentar revesar su estado de parálisis.

• 12,1% de los jóvenes de grados octavo a once, de un sólo colegio, reconocieron que ellos, o algún compañero, tienen problemas de drogadicción.
• “Hay planes de rehabilitación para los habitantes de calle, pero no existen programas reales para evitar que nuestros niños caigan en el consumo”, denunció el personero, Danilo Vega Arévalo. 
• Agregó que “por 10 ó 20 mil pesos, los delincuentes están reclutando a niños de 9, 10 u 11 años para que expendan droga”.

En un sólo colegio de la Ciudad, durante tres charlas de la Personería de Bogotá sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, dirigida a 576 jóvenes de grados octavo, noveno, décimo y undécimo, 70 estudiantes, de manera espontánea, indicaron que ellos, o algún compañero, tenían graves problemas de consumo.

Durante las exposiciones, 22 jóvenes, a través de papelitos redactados por ellos mismos, pidieron ayuda inmediata para salir de su problema de consumo, y 48 más informaron de la situación que aqueja a algunos de sus compañeros.

Este es el panorama que encontró la Personería durante el año 2015 en 120 colegios públicos y privados que visitó con su programa Construcción de Ciudadano, en los cuales llevó siempre el testimonio de dos personas que padecieron la adicción a la droga y al alcohol y que vivieron en los andenes, sumidos en la indigencia, y resurgieron de ese infierno para advertir a los jóvenes sobre el peligro que las adicciones representan.

En sólo ese colegio del norte de la Ciudad, en un sector de estrato alto, 57 jóvenes más escribieron que habían pensado en probar alguna sustancia, pero que luego de la charla nunca lo harán. Entre tanto, 325 estudiantes manifestaron que este tipo de charlas son imprescindibles y 10 de ellos agregaron que felicitan a los expositores por su claridad.

No hay planes serios de prevención

Ante la situación, el personero Distrital, Danilo Vega Arévalo, dijo que faltan políticas, planes y programas serios en materia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en las escuelas y colegios de la Capital.

Agregó que “por 10 ó 20 mil pesos, los delincuentes están reclutando a niños de 9, 10 u 11 años para que expendan droga y, luego de involucrarlos en sus redes de microtráfico, les pagan con sustancias psicoactivas”.

Vega Arévalo dio las declaraciones durante la posesión de más de 1.000 personeros estudiantiles, en la que los invitó a promover el lema: “NO, también es una respuesta”, frente a quienes les piden que prueben o incursionen en el mundo de las drogas.

Concluyó que “las autoridades aplican planes de rehabilitación para los habitantes de calle, en su mayoría consumidores de droga, pero no existen programas reales para evitar que nuestros niños y jóvenes caigan en el consumo”. 

• Militares pidieron a Personería acompañar el proceso.

Con el propósito de evitar incorporaciones irregulares de jóvenes a la prestación del servicio militar, la Personería de Bogotá y la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional acordaron realizar acompañamiento al proceso de definición del servicio militar obligatorio.

Por invitación del Ejército Nacional, el ente de control asistirá a algunos procesos de incorporación en la ciudad y seguirá atendiendo las quejas o inquietudes de las personas que consideren que hubo irregularidades durante el proceso.

El Ejército informó que desde diciembre de 2015 ajustaron sus procedimientos para acatar la sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe compeler a quien han sido citados formalmente a definir su situación militar (batidas).

Indicó que ahora todo joven mayor de 17 años debe inscribirse en la página de Internet de la institución para luego ser citado y definir su situación militar. El no asistir a dicha citación implica quedar como remiso y podrá ser incorporado. Entre tanto, quien no se inscriba podrá ser requerido para que cumpla con el registro y luego ser citado para los trámites pertinentes de incorporación o entrega de la Libreta Militar. En los dos casos, la no inscripción o incumplimiento de la citación, implican el pago de multas obligatorias sucesivas.

Actualmente hay dos proyectos de Ley para ajustar la normatividad sobre el tema, estableciendo incentivos como bonificaciones, estudio y otros para la prestación del servicio, especialmente de cara al posconflicto.

• Hay casos de usuarios con graves enfermedades sin respuesta desde hace más de tres meses.
• A pesar de la intervención de Supersalud no mejora el servicio a afiliados.

Cerca de 500 casos sin resolver, por deficiente atención a usuarios con graves padecimientos de la EPS Cafesalud y Cruz Blanca, algunos sin respuesta desde hace varios meses, encontró la Personería de Bogotá, pese a la intervención de la Superintendencia de Salud.

De acuerdo con las visitas del Ente de Control a las instalaciones de las dos EPS, se determinó que en muchos casos no están cumpliendo con las normas mínimas de atención al usuario, lo que deteriora la salud y calidad de vida de los pacientes y aumenta la falta de credibilidad de los proveedores y usuarios.

De Cafesalud, a la fecha hay 380 casos que llegaron a la Personería por falta de citas con especialistas, procedimientos, medicamentos, tratamientos, exámenes, prótesis, entre otros, que desde hace cerca de un mes no tienen una solución efectiva o algunos ni siquiera tienen respuesta.

En el caso de Cruz Blanca, hay 119 quejas por deficiente atención, con una mora en la respuesta efectiva que supera los tres meses.

En especialidades como ortopedia, oftalmología, oncología, entrega de medicamentos de alto costo, falta de equipos  y en general citas con diferentes especialistas están en veremos por no tener suficientes convenios con Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para atender a los usuarios. Además, se evidenciaron protuberantes deficiencias en equipos médicos, problemas con proveedores, entre otras fallas. Al parecer, no es fácil que IPS u otras empresas contraten con las dos EPS por falta de pago oportuno de sus obligaciones.

• El menor diagnosticado con cáncer de nariz, lleva ocho meses esperando a que le extraigan un tumor, pero por la negligencia entre su EPS por un convenio, no ha sido posible.
• La enfermedad avanza rápidamente provocándole pérdida de la visión.
• El fallo de la tutela del 21 de octubre de 2015, aún no ha sido acatado.

Con tan sólo 9 años de edad, el menor Julián Esteban Callejas está a punto de perder la visión, e incluso la vida, todo por causa de un tumor maligno en la nariz descubierto hace un año y la falta de atención de su EPS Cruz Blanca, pese a una acción de tutela elaborada por la Personería de Bogotá y fallada a favor del paciente.

Su madre, la señora María Zuleny Ruíz Cortés, explica que la tutela que salió en su favor el 21 de octubre fue desacatada. Entre tanto, el tumor sigue creciendo y el niño empeora.

El organismo de control  encontró que Julián Esteban no ha recibido respuesta desde el 9 de febrero hasta la fecha por parte de Cruz Blanca, para que le sea realizado el examen que requiere y, así ser intervenido quirúrgicamente, y poderle extraer el tumor en su nariz llamado nasoangiofibroma juvenil.

El tumor, en la nariz de Julián Esteban, fue descubierto solo hasta después de un año de seguimiento  y presentaba constante sangrado también por la boca y su ojo derecho. La señora María logró, luego de un mes, que la EPS Cruz Blanca lo remitiera, en julio de 2015, al Hospital San José en el que lo intervinieron. Infortunadamente solo se logró extraer el tumor en un 70%, ya que el restante 30% tuvieron que dejarlo en espera para ser retirado, debido a un sangrado que se presentó en medio del procedimiento.

Cruz Blanca sin convenios

La culminación de la cirugía debía ser realizada en un mes máximo, por lo que le pidieron a su madre hacer la diligencia de los papeles y órdenes requeridas para la autorización de la segunda cirugía. No obstante, Cruz Blanca no autorizó la segunda parte de la intervención con el Hospital San José, asegurando que ya no tenía convenio con éste. Pasados dos meses, Julián Estebán y su madre fueron remitidos a otros hospitales en los que tampoco tenían convenio.

La EPS, sabiendo del fallo de tutela, aún se niega a cumplir lo solicitado. En esta espera han transcurrido más de cuatro meses. Así las cosas, a Julián le fue concedida una autorización para una cita médica por otorrinolaringología en el Hospital La Misericordia, pero no logró asistir, puesto que para la primera semana de febrero, el niño se agravó aún más, perdiendo, en ese momento, la totalidad de su visión. Ante estos hechos, la reacción sí fue rápida, hospitalizándolo en este último centro médico en el que solicitaron fuese intervenido de inmediato.

Los médicos de La Misericordia solicitaron un examen llamado Embolización, necesario para poder realizar la cirugía, sin embargo ellos no lo practicaban. La orden se envió a Cruz Blanca

desde el pasado nueve de febrero de este año y, hasta el presente, la EPS no ha dado respuesta para realizar el examen en otro centro de salud y así proceder a la cirugía.

Debido a la demora de Cruz Blanca para autorizar los procedimientos, el Hospital de La Misericordia, consciente del riesgo de crecimiento del tumor, pérdida de la visión y el inminente peligro que corría la vida de Julián Esteban,  intentó mandarlo a su casa sin realizarle la cirugía; pero, por una carta de su señora madre, responsabilizándolos de la vida del niño, se retractaron.

La Personería pide celeridad en el proceso para la realización de la cirugía del menor de edad que requiere ser atendido con urgencia y así poner a salvo su salud y su propia vida.

La Personería de Bogotá informa que no ha retirado del cargo al Personero Auxiliar, Danilo Vega Arévalo.

Sin entrar a calificar la versión, el ente de control la rechaza enfáticamente e indica que el alto servidor público permanece y permanecerá en el cargo hasta finalizar el período del actual Personero de Bogotá, Ricardo María Cañón Prieto.

• El filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky, planteó su tesis ¿Se puede hablar de estupidez en la hipermodernidad?
• El personero distrital, Ricardo María Cañón, hizó una reflexión sobre lo estúpido de abandonar el pensamiento como herramienta e instrumento fundamental de lo humano.
• Sobre “La estupidez que mantiene y promueve un mal periodismo”, habló la directora del portal La Silla Vacía, Juanita León.
• “El elogio de la estupidez: la biografía de la humanidad a través de sus momentos más estúpidos”, fue la disertación del escritor y columnista William Ospina.

Organizado por la Personería de Bogotá y la Universidad Externado de Colombia, el jueves 18 de febrero, de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, se llevó a cabo, en el Auditorio Principal Bloque G del alma máter, el segundo Foro“La estupidez, una reflexión urgente: Diálogo”, al que asistió el personero, Ricardo María Cañón Prieto, el escritor, filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky, los escritores William Ospina y Juan Esteban Constaín, y la directora de La Silla Vacía, Juanita León, entre otros.

El Foro, que contó con el apoyo de la Universidad Nacional, la Universidad de Los Andes y la Universidad Javeriana, la instalación estuvó a cargo de  Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia, que explicó por qué es urgente reflexionar, desde la academia, sobre la estupidez, mientras que el Personero Distrital hizó una reflexión sobre lo estúpido de abandonar el pensamiento como herramienta e instrumento fundamental de lo humano.

Gilles Lipovetsky, filósofo francés que aborda un mundo sin ideología ni religión, gobernado por el hedonismo y la ligereza, donde el individuo es el rey, es profesor y consultor de la asociación Progrès du Management, con doctorado Honoris Causa de seis universidades en diferentes países. El llamado padre del Posmodernismo habló en torno a su propia tesis: ¿Se puede hablar de estupidez en la hipermodernidad?

Constaín, Ospina y Juanita León

De otro lado, "El elogio de la estupidez: la biografía de la humanidad a través de sus momentos más estúpidos", fue la charla que ofreció Juan Esteban Constaín, escritor, traductor, historiador del Melton College, magíster en enseñanza de la Historia de la Università Ca' Foscari di Venezia y columnista de El Tiempo.

“La estupidez que mantiene y promueve un mal periodismo”, a cargo de la directora del portal La Silla Vacía, Juanita León, atrajo la atención, mientras que el editor de El Espectador, Jorge Cardona Alzate, aclamado en el anterior foro, retomó su exposición  sobre la estupidez con la charla “La estupidez en el día a día de la historia reciente de Colombia”.

El escritor, abogado y profesor de la Universidad Externado Gustavo Wilches Chaux, experto en Derecho ambiental, Desarrollo sostenible y Manejo de desastres de la Universidad de Oxford, trató el tema “Antídotos contra la estupidez: las estrategias están en la naturaleza”.

“El arte de novelar la estupidez en la sociedad colombiana”, a cargo del autor de “Ursúa” y “El país de la canela”, William Ospina, fue otro de los atractivos.

El médico coordinador de la Maestría de Fisiología de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional, Miguel Eduardo Martínez Sánchez, experto en Neurociencia, expuso: “La estupidez y la neurociencia, un diálogo necesario”.

“El maltrato de género, otro fracaso de la inteligencia”, a cargo de Víctor Gaviria, director de cine de cintas como “La vendedora de rosas”, también hizo parte de la programación.

Francisco Barbosa, columnista de El Tiempo, analista del Proceso de Paz y doctor en Derecho Público de la Universidad de Nantes, además de ser miembro de las Academias Colombiana de Jurisprudencia y de Historia, hizo unas reflexiones finales.

Con este segundo foro se buscó un diálogo permanente y abierto de reflexión sobre la estupidez, no sólo la ajena, sino también la propia. Además, es una invitación para que cada uno se pregunte sobre su participación activa o pasiva en actos como la guerra, la violencia intrafamiliar, el maltrato a mujeres y niños y la adicción a las drogas, entre otros. Este evento es un desarrollo del direccionamiento estratégico de Construcción de Ciudadano, en la tarea de la  transformación colectiva promovida por la Personería de Bogotá.

• Violaron los principios de transparencia en la celebración de contratos, utilizando la figura del convenio.
• Gracias a la acción de la Personería, descendió sustancialmente la suscripción de convenios para eludir la convocatoria pública durante la pasada administración.
• De 661 convenios firmados por el Distrito entre 2013 y 2014, se pasó a 117 en 2015.
• Hay 200 procesos disciplinarios en curso por este tema.

Por violar los principios de transparencia y selección objetiva que regula la Ley de Contratación Estatal, la Personería de Bogotá sancionó, en primera instancia, con destitución e inhabilidad por el término de 12 años a las alcaldesas locales de Fontibón, Betty María Afanador García, y de Suba, Marisol Perilla.

La mandataria de Fontibón suscribió, de un lado, un contrato por $1.650 millones con la Fundación Senarcol (Senderos de Armonía Colombiana), para el suministro de alimentos a las 1.830 personas beneficiarias de los 5 comedores comunitarios de la localidad. De otro lado, firmó otro contrato con la Fundación Chinos y Colombianos Unidos para Nutrir, por valor de $1.440 millones aproximadamente, con el mismo objeto que el anterior.

La Personería halló que las obligaciones pactadas corresponden a un contrato de suministro de alimentos y no a uno de “apoyo de actividades de interés público” como se denominó, a lo cual se agrega el hecho de haberse suscrito los mismos de manera directa con las fundaciones, eludiendo las reglas de selección consagradas en la Ley 1150 de 2007.

Suba

La alcaldesa local de Suba suscribió un contrato con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) por la modalidad de convenio de asociación para la realización de eventos deportivos en la localidad, que incluían la adquisición de insumos como refrigerios, sonido, tarimas, transporte, hidratación y baños; adicionalmente, la contratación de estrellas deportivas para que tomaran parte en el desarrollo y cierre de eventos, por unos $880 millones, y, como si esto fuera poco, el reconocimiento de gastos administrativos al contratista, por $40 millones.

La Personería encontró que dicho convenio fue suscrito sin tenerse en cuenta las reglas generales de contratación previstas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, y concluyó que se vulneró el principio de transparencia. Las dos funcionarias pueden apelar la decisión de primera instancia.

Bajan convenios

De la revisión hecha por el ente de control a un total de 1.669 contratos, se determinó que durante los años 2013 y 2014 se celebraron 611 convenios en los que el Distrito contrató con diferentes objetos, sin acudir a los procesos de convocatoria pública regulados por las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Esta forma de contratación ha sido objeto de especial vigilancia por parte de la Personería, quien, además, adelanta casi 200 procesos disciplinarios relacionados con el tema, entre los cuales ya se han proferido sanciones contra los funcionarios que firmaron los contratos, que fueron destituidos e inhabilitados por más de 10 años.

Tras adelantar esa labor de seguimiento y sanción, este ente de control halló que durante el año 2015 el número de convenios celebrados por la pasada administración se redujo a 117, que, a la fecha, también se encuentran bajo la ‘lupa’ de la Personería.

• Al parecer canceló los contratos con los especialistas en Hematoncología. Los pacientes se quedaron sin el servicio y sin ser remitidos a otras instituciones.
• El personal se encuentra desmotivado. La falta de pago genera renuncias,  sobrecarga laboral, cero sentido de pertenencia y descuido en la atención.
• El ascensor de pacientes, tras 4 años fallando, dejó de funcionar definitivamente.

En una visita a la clínica Jorge Piñeros Corpas, la Personería de Bogotá encontró falta de personal médico e insumos, desaseo, ascensores dañados y otros  funcionando en malas condiciones, servicios especializados cerrados, pacientes hacinados y sin atención en urgencias (algunos llevan tres días en el piso), empleados sin pago y, en general, una situación crítica que pone en riesgo la vida de los usuarios.  

El tiempo de espera en el servicio del área de  urgencias sobrepasa las cuatro horas y los pacientes priorizados, por el tipo de diagnóstico, deben esperar, en promedio, una hora para que sean valorados.Algunos enfermos que ameritan aislamiento, siguen en urgencia con los demás pacientes en condiciones de hacinamiento.

Dotación e infraestructura

Según los empleados, una sola empresa es la responsable del suministro de medicamentos, insumos y todo el equipo y material médico. Sin embargo, esos elementos escasean en cantidad o calidad.

Por ejemplo, faltan implementos básicos como guantes de manejo y toallas de papel. Se evidencia que no se ha realizado mantenimiento a los equipos médicos especializados, como los de la sala de cirugía cardiovascular.

Desde agosto de 2015, la Secretaría de Salud realizó el sellamiento de cuatro quirófanos por no cumplir con los requisitos de habilitación para su funcionamiento. Actualmente existen ocho salas de cirugía, pero cuatro siguen cerradas.

El ascensor de traslado de pacientes viene fallando desde hace cuatro años, según los empleados de la clínica, desde el 6 de enero de 2016 se dañó definitivamente. El servicio del aparato ha causado múltiples reprogramaciones de cirugías y procedimientos, principalmente las cardiovasculares, servicios que se encuentran suspendidos. El ascensor de carga funciona con problemas.

El aseo de la institución es deficiente en muchas áreas, situación que favorece  los procesos de infecciones. Los baños de los usuarios no se encuentran en buenas condiciones y la gran mayoría sucios. La infraestructura del área de urgencias se encuentra gravemente deteriorada, paredes sin pintura y en condiciones de daño severo.

Personal

El personal médico y de enfermería, que en el momento de la visita se encontraba trabajando, es insuficiente para la alta demanda del servicio, promedio de 250 pacientes en sólo urgencias.

Los  funcionarios se encuentran desmotivados por la falta de pago, hecho que ha generado un alto número de renuncias, deserción laboral, sobrecarga de trabajo y, por lo tanto, falta de sentido de pertenencia y cuidado en la atención de los pacientes.

El personal médico es poco humano, no brinda información clara a los pacientes ni a los familiares, lo que se traduce en insatisfacción por parte de los usuarios. Además, la  comunicación entre el personal de enfermería y el de referencia no es clara. El traslado de pacientes graves a otras entidades demora más de un día, pese al riesgo que representa no obtener una atención especializada inmediata.

Sin servicios

En la Jorge Piñeros Corpas no cuentan con la especialidad de Hematoncología y cirugía oncológica pediátrica. Al parecer, se cerró el contrato con los especialistas dejando a varios pacientes en espera para tratamientos oncológicos que no deben ser interrumpidos y no son remitidos a otras instituciones.

Gracias a la visita de la Personería, de manera exitosa se logró el traslado de 17 pacientes que se encontraban esperando dicho proceso a diferentes entidades de salud.

• “Demora al recoger a la señora Rubiela en la Autopista Norte violentó el derecho a la dignidad de la familia”: Personero.
• “No se puede ser tan indolente. Es una situación absurda. No es posible que una persona espere 4 o 5 horas a que recojan a su progenitora de un andén”, agregó.
• De 430 casosde Café Salud y Cruz Blanca, Personería tiene reportados 300 sin resolver.
• La vida de otra señora está comprometida ante la negativa de Confamiliar de realizarle una cirugía vascular llamada Valvulopatía, ordenada hace 7 meses.
• Mientras tanto, Café Salud desacata una tutela y pone en vilo la vida de un niño.

Hace dos semanas la Personería de Bogotá había advertido que existían más de 300 casosde las EPS Café Salud y Cruz Blanca sin resolver por demora en atención a pacientes y ahora se conoce la denuncia de la familia de Rubiela Chivará, fallecida ayer en un andén de la calle 116 con Autopista Norte, debido a una supuesta negligencia en su atención médica.    

Ante estos hechos y la demora en recoger el cuerpo de la señora, el Personero Distrital, Ricardo María Cañón Prieto calificó la situación como absurda. “No se puede ser tan indolente.No es posible que una persona espere 4 o 5 horas a que recojan a su progenitora de un andén y la gente sólo mire. Necesitamos pedirle perdón a la familia de la señora que falleció. Se vulneró el derecho a la dignidad de su hijo, de su familia, de los bogotanos”, dijo.

Mientras tanto, los casos de negligencia que ponen en riesgo la vida de pacientes continúa. Por ejemplo, Raquel Calvo de Niño, de 78 años de edad, ya completa más de siete meses a la espera de que su EPS Comfamiliar le realice una Valvulopatía, una cirugía vascular que ayudaría a que su crisis cardiaca no tenga un desenlace fatal, denuncia la Personería de Bogotá.

Comfamiliar no autoriza dicha intervención y, por lo tanto, no hay fecha aún ni orden de cirugía y sólo le suministra un medicamento para la gastritis (Omeprazol) y otro para el colesterol (Lovastatina).

Pese a las múltiples llamadas de la Personería a dicha EPS, y a que el domicilio de la señora es en Chitaraque (Boyacá), la única vez que contestaron dijeron que la sede que podría manejar su caso está en Neiva, Huila.

Desde hace más de siete meses, cuando fue diagnosticada, ella ha presentado siete recaídas, cada vez más graves. En los hospitales que la han atendido le suministran medicina con la que logran estabilizarla y luego le dan de alta sin ningún otro tipo de seguimiento.

Debido a la negligencia y falta de atención inmediata y oportuna de Comfamiliar, el 16 de diciembre de 2015 la señora Raquel tuvo que ser hospitalizada una vez más en la Clínica Samaritana de Bogotá en donde, a la fecha, está a la espera de un traslado a una institución de IV Nivel para que le practiquen la cirugía, según manifestación escrita por parte de sus médicos tratantes. Su salud cada día está más débil y en graves condiciones.

Incumple tutela

Pese a una tutela del 16 de diciembre, elaborada por la Personería y fallada por el Juzgado 63 Civil Municipal, en la que se ordena dar el tratamiento y los medicamentos necesarios para la epilepsia focal que padece Carlos Stiwar López, de 14 años de edad, la EPS Café Salud no cumple con la orden judicial. El niño, que sufre la enfermedad desde hace 10 años, estaba afiliado a Saludcoop y desde hace cuatro años tiene problemas para recibir oportunamente el tratamiento. Ahora en Café Salud los inconvenientes continuaron.

El medicamento Keppra, indispensable para mantener estable y sin convulsiones al menor, no lo entregan; mas si presenta una crisis por falta del medicamento, la única institución que lo atendería sería la Clínica psiquiátrica Nuestra Señora de la Paz, centro de salud que a la fecha no tiene convenio con Café Salud. Adicional a esto, el menor no recibe los servicios de neurología pediátrica, psicoterapia, psicología y psiquiatría, ya que la EPS dice no tener agenda disponible.

Para completar, no ha sido posible interponer el incidente de desacato contra Café Salud porque los  juzgados se encuentran en paro.